La Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca” publicó un comunicado firmado por su rector, Dr.C. Yorki Mayor Hernández, para responder a un “incidente de grave naturaleza” que, según el texto, “ha trascendido al ámbito público” y amenaza con “afectar la confianza y la tranquilidad” de la comunidad académica.
En la declaración, la institución condena “cualquier conducta” que atente contra la ética profesional y la dignidad, y califica lo divulgado como una “violación intolerable” de los principios y valores universitarios, sin precisar qué ocurrió ni quiénes son las personas involucradas.
El punto más concreto del comunicado es la medida anunciada: la dirección universitaria asegura que, siguiendo “protocolos y normativas internas”, procedió a la “separación definitiva” del cargo y del sistema de educación de “las personas implicadas en los hechos”. La formulación insiste en que se trata de una decisión “firme” e “inmediata”, presentada como prueba del “absoluto compromiso” con mantener un entorno “seguro y de confianza” para estudiantes y trabajadores.
La ausencia de detalles, lejos de cerrar el tema, lo amplificó. En los comentarios al post, una parte de usuarios aplaudió el pronunciamiento como “oportuno” y “contundente”, y reforzó el argumento institucional de que se trata de un asunto de ética y ejemplaridad docente. Otros, en cambio, cuestionaron el tono general del texto y el hecho de que la universidad hable “en clave”, pidiendo directamente que se explique qué pasó. Entre ambas posiciones apareció un tercer hilo: quienes sostienen que, si el asunto no hubiera circulado por redes, “la transparencia no existe”, una idea que resume la tensión actual entre control institucional de la información y dinámica pública digital.
Cuballama Noticias conoció que el hecho que provocó la sanción fue un encuentro íntimo, consensuado, entre dos profesores, del cual quedó constancia gráfica (fotos y un video). La fuente dijo que «eso es lo que rumora todo el mundo», porque «todo el mundo sabe de quiénes se trata».
De hecho en la publicación se especula cuál hubiese sido la actitud del Rector, si en el acto estuviesen implicados dos personas de dos sexos distintos.
Sin entrar en especulaciones sobre el incidente —que la propia universidad no describe—, el episodio deja una fotografía clara: la UPR eligió un formato de respuesta centrado en la condena moral y en la sanción administrativa máxima, pero evitó relatar los hechos.
Ese equilibrio, pensado para proteger a la institución y contener el daño reputacional, también alimenta el ruido: mientras más severa es la medida anunciada, mayor es la presión pública para saber qué la motivó, sobre todo cuando el caso ya se movía “en el ámbito público”, como reconoce el propio comunicado.
