El embajador cubano en Francia habló de que “el pueblo decide”, pero omitió a la diáspora y reavivó el debate sobre quién tiene voz real en el futuro de Cuba.
El embajador de Cuba en Francia, Otto Vaillant, declaró en una entrevista televisiva que “el pueblo cubano es el que debe decidir su gobierno”, una formulación que, en boca de un diplomático del régimen, suena a consigna de soberanía frente a la presión externa, pero que coincide casi palabra por palabra con el mensaje que viene repitiendo el jefe de misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, en sus encuentros con cubanos dentro y fuera de la Isla. Vaillant lo dijo para denunciar el endurecimiento de Washington y reclamar el derecho de Cuba a existir como nación “independiente y soberana”, en medio del pulso reactivado tras las medidas de la administración de Donald Trump.
El contexto inmediato es una escalada que La Habana presenta como “guerra económica” y Washington justifica como seguridad nacional. El 29 de enero, la Casa Blanca volvió a sostener que las políticas del Gobierno cubano constituyen una “amenaza inusual y extraordinaria”, y Trump acompañó esa línea con advertencias de aranceles a países que suministren petróleo a la Isla, un golpe directo a un país que ya arrastra apagones, falta de combustible y una crisis de transporte.
En Madrid, Hammer defendió una idea similar en su forma, pero opuesta en el contenido: “el futuro” de Cuba lo decidirán los cubanos “en libertad”, con oportunidades de prosperar y sin represión. Ante activistas y miembros de la diáspora, insistió en que Estados Unidos no pretende dictar el camino, sino respaldar a los cubanos para que determinen el rumbo de una “Cuba libre”, y enmarcó el tema como prioridad estratégica por la cercanía geográfica de la Isla.
Pero…
Si bien los dos hablaron de que sean los cubanos quienes decidan, no hablaron «de lo mismo» y del mismo modo. Para el embajador cubano en Francia, decidir “sin presiones externas” significa no solo defender el orden político existente frente a sanciones y presiones foráneas, sino que también excluye la presión de la diáspora cubana; para Hammer, decidir “en libertad” pasa por cambios políticos y garantías que Washington sostiene que hoy no existen en la isla. La diferencia no es semántica, es de fondo: cada parte usa la misma frase para sostener visiones opuestas sobre el futuro de Cuba.
Esa divergencia se hace más evidente cuando ambos invocan al “pueblo” mientras la crisis del país sigue siendo parte central del argumento de unos y otros. Estados Unidos, por ejemplo, insiste en enviar ayuda humanitaria a los más necesitados y vulnerables —como la canalizada tras el huracán Melissa a través de organizaciones religiosas— al tiempo que mantiene y refuerza medidas de presión económica, para evitar que caiga en las manos equivocadas. La Habana, por su parte, denuncia el impacto de esas políticas y las presenta como prueba de una agresión sostenida, y exige que la ayuda le sea entregada a ellos para ellos distribuirla.
Sin embargo, esto no es lo más notorio. Hay que destacar que en su intervención, el embajador cubano en Francia no hizo referencia alguna a los millones de cubanos que viven fuera de la Isla, un silencio que vuelve a poner sobre la mesa una crítica recurrente: cuando el discurso oficial habla de “el pueblo cubano”, rara vez aclara si incluye —en términos políticos reales— a la diáspora.
La emigración cubana constituye hoy una parte sustancial de la nación, no solo por su peso demográfico y económico, sino por su participación activa en el debate público sobre el futuro del país. Sin embargo, en declaraciones como esta, esa comunidad queda, una vez más, fuera del encuadre. Basicamente no tiene derechos reconocidos de partipación socio-política en la isla.
¿De qué cubanos hablaba entonces el embajador Vaillant? Difícil no concluir que se refería, en la práctica, a quienes residen dentro de la Isla —y ni siquiera a todos ellos—, sino al universo político que opera dentro de los márgenes definidos por el propio sistema que él representa. En Cuba, donde el Partido Comunista es la única fuerza política legal y rectora del Estado y la sociedad, la participación ciudadana en la definición del poder está mediada por estructuras institucionales que no contemplan la competencia partidista ni la elección directa del liderazgo nacional por voto plural.
Es un hecho conocido que el llamado “cubano de a pie” se mueve dentro de un entramado de decisiones políticas y electorales en el que puede votar en procesos establecidos, pero no escoger entre proyectos políticos alternativos ni decidir quién gobierna en términos comparables a sistemas competitivos. Los candidatos a instancias superiores son propuestos a través de comisiones y mecanismos institucionales, y el presidente es finalmente elegido por la Asamblea Nacional, no por sufragio directo de la ciudadanía.
Por eso, cuando se invoca la idea de que “el pueblo decide”, la frase queda inevitablemente condicionada por ese marco: la capacidad real de incidir en los destinos del país se encuentra limitada por un diseño político que prioriza la continuidad institucional sobre la alternancia. En ese contexto, la afirmación del embajador suena más a declaración de principio que a descripción de un proceso abierto donde todos los cubanos —dentro y fuera de la Isla— puedan participar en igualdad de condiciones.
La omisión contrasta de forma evidente con el enfoque de Mike Hammer, quien en sus intervenciones recientes se ha dirigido explícitamente a cubanos dentro y fuera de Cuba, reconociéndolos como actores legítimos en la discusión sobre el porvenir nacional. Mientras el diplomático estadounidense habla de un futuro decidido por los cubanos “en libertad” —incluyendo a la sociedad civil y al exilio—, el planteamiento del embajador cubano se mantiene en un marco que, en la práctica, limita el concepto de participación a los márgenes definidos por el propio sistema político. Esa diferencia no es solo retórica: revela dos visiones opuestas sobre quién tiene voz en la definición del destino del país.
Desde una perspectiva crítica, insistir en que “el pueblo cubano decide” sin mencionar mecanismos que permitan a la diáspora incidir —como el voto exterior o espacios formales de participación— refuerza la percepción de exclusión y alimenta el argumento de que la narrativa de soberanía se formula sin reconocer plenamente la pluralidad de la nación cubana. En un momento en que el país depende en gran medida de sus emigrados, tanto en lo económico como en lo simbólico, esa ausencia resulta difícil de ignorar.
