En el año 2000, un jurado lo condenó a cadena perpetua por supuestamente apuntar con un arma a un hombre y robarle su anillo de bodas y una cadena de oro. Desde entonces, Hutchinson repitió una y otra vez que no había sido él. Dos décadas más tarde, esa insistencia terminó por encontrar eco: la Fiscalía de Broward derivó su petición al Innocence Project of Florida, organización que ha conseguido la libertad de decenas de presos a partir de nuevas pruebas o revisiones de casos antiguos.
Los casos aquí reunidos, denunciados por los activistas e informadores cubanos Niover Licea y José Luis Tan Estrada, forman un mismo cuadro, aunque sucedan en provincias distintas y con actores distintos. En el servicio militar de un muchacho de 18 años, en los pasillos de Taco Taco, en la Prisión Pendiente de Santa Clara, en la cárcel de Panamá en Güines, en el cuerpo de guardia pediátrico de Cienfuegos y en la sala donde un anciano esperó una ambulancia, se repiten palabras como abuso, abandono, extorsión, castigo, silencio. Y se repiten, también, los nombres de quienes deberían responder: jefes de prisión señalados como Yurianis Spek, Ángel Figueroa "Redondeaow", Islander Laffita Turro y el primer teniente Fabelo, amparados, según denuncias, por superiores como Carlos Quintana y Juan Ramón Castillo. La exposición de esos rostros no es un acto de venganza: es una forma de registro público cuando las vías institucionales fallan o se cierran.
“Alligator Alcatraz” se acerca al final de su construcción, a pesar de la oposición social, las demandas legales y las advertencias ecológicas. Su inauguración en julio 2025 pretende encarnar una postura dura de disuasión migratoria, usando el entorno natural como barrera. Pero su arranque también representa un desafío para las protecciones ambientales y los derechos culturales en los Everglades.
