Amnistía Internacional documenta una década de violencia de género ejercida por el Estado cubano contra defensoras, periodistas y activistas, y exige una ley integral, reformas penales y presión internacional para proteger a las mujeres que disienten.
En una misma edición, Granma dedicó espacio a denunciar la violencia contra las mujeres en el mundo y en las Américas, pero evitó mencionar las cifras cubanas, pese a que los observatorios independientes registran decenas de feminicidios cada año. En cambio, el periódico oficial reservó una de sus piezas culturales para glorificar a Diego Armando Maradona, ignorando que una cubana lo acusó de abusos cuando era menor de edad. El resultado es un discurso que alerta del silencio ajeno mientras calla ante las víctimas propias.
Mientras se espera una confirmación institucional, la prioridad —coinciden las alertas— es no enfrentar al sospechoso y notificar a la policía con datos precisos de lugar y hora. En casos que involucran a menores, la urgencia de una respuesta rápida y transparente es doble: por justicia y por prevención.
Varios casos recientes donde la violencia contra la mujer es señalada. En otro, ocurrido en el año 2000, se denuncia que el victimario apenas recibió 8 años de cárcel.
La trágica muerte de Valeria Márquez pone de relieve la vulnerabilidad de las mujeres en el país y la necesidad urgente de implementar medidas efectivas para prevenir la violencia de género y proteger a las víctimas. Mientras tanto, la comunidad digital y la sociedad en general exigen justicia para Valeria y un compromiso real por parte de las autoridades para erradicar este tipo de crímenes.
Mientras las víctimas lidian con traumas profundos, las sentencias para los agresores suelen ser irrisorias, perpetuando un ciclo de impunidad que en muchos casos desalienta a las víctimas a buscar justicia. La necesidad de cambios estructurales es urgente para que estas cifras dejen de ser meras estadísticas y se traduzcan en un verdadero compromiso con la protección y el bienestar de los cubanos.
Los feminicidios de Yadira Moreira Pernas y Yucleidis Morales no solo aumentan la alarmante cifra de asesinatos por violencia de género en Cuba, sino que también subrayan la necesidad urgente de que el gobierno tome medidas más drásticas y efectivas para prevenir estos crímenes. La creación de un registro de violencia machista, aunque es un avance, no es suficiente si no se implementan cambios estructurales que garanticen la protección de las mujeres en Cuba y se aborden las raíces profundas de esta problemática social. Las vidas de estas mujeres, y las de muchas otras, dependen de una acción inmediata y contundente.
La evaluación ante el CEDAW, señala Diario de Cuba, brinda un espacio para que las activistas expongan la situación real de las mujeres en Cuba y presionen al régimen para tomar medidas concretas contra la violencia de género y la represión política, a pesar de los obstáculos que enfrentan de las organizaciones controladas por el gobierno.
o Diorjys Rodríguez Calderín, oriundo de Santiago de Cuba, y quien se presumía era el responsable de la muerte de la cubana Yailyn Casales, se quitó la vida
El OCAC, una organización independiente, describe en su dossier la escalada de la corrupción, el aumento de las pandillas juveniles y el consumo de drogas.
