El Estado seguirá garantizando una serie de servicios relacionados con la muerte. Estos incluyen el suministro de un ataúd, el traslado del fallecido desde la casa o el hospital hasta la funeraria o capilla, el combustible para ese traslado, y la preparación del cadáver. El velatorio en la funeraria o capilla también estará cubierto por el Estado. Sin embargo, si la familia desea servicios adicionales, como el entierro en otra localidad o provincia, se aplicarán cargos.