ICE anunció que todos sus agentes de campo portarán cámaras corporales a partir de septiembre de 2026, pero la política de divulgación —que condiciona la publicación a los "mejores intereses de la agencia"— desató críticas de la ACLU y otras organizaciones, que temen un ejercicio de relaciones públicas más que de transparencia real.
Mientras estos casos y movilizaciones continúan desarrollándose, queda claro que una tensión creciente atraviesa el debate público en EE. UU. sobre cuánta fuerza puede ejercer el Estado antes de vulnerar los derechos fundamentales de quienes lo habitan.
“Él no tiene ni una multa de tráfico, siempre ha trabajado, declara sus impuestos y está pendiente de nuestra niña desde que nació. No entiendo por qué lo quieren deportar”, dice entre sollozos. La mujer explica que incluso existe una apelación pendiente, pero que la detención y posible expulsión podrían destruir a la familia.
