Muchas han sido las especulaciones tras saberse que una jueza federal de Boston dijo que suspenderá la revocación de los paroles humanitarios ordenada por el presidente Donald Trump hace menos de un mes.
En concreto, la jueza de distrito Indira Talwani, nominada por el expresidente Barack Obama, ha explicado que la administración Trump interpretó confusa y erróneamente la ley al intentar retirar anticipadamente el beneficio migratorio concedido durante el gobierno de Joe Biden.
“Lo que están priorizando no son personas que cruzaron ilegalmente la frontera, sino aquellas que siguieron las reglas”, señaló la jueza en su fallo, al señalar que el proceso expedito de deportación aplica únicamente a quienes ingresan de manera ilegal al país y no a quienes han sido autorizados previamente.
Aunque no es aun un hecho, la congelación anunciada por Talwani arroja luz sobre la vida de cientos de miles de inmigrantes en Estados Unidos, estatus legal y su posibilidad de trabajar se verían afectadosa partir del 24 abril, cuando debería hacerse efectiva la revocación del parole, según lo estableció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y se publicó oficialmente en el Registro Federal el mes pasado.
Lo que ha dicho el gobierno
No obstante, los representantes del actual gobierno han recalcado que los migrantes no tienen derecho a impugnar legalmente la decisión administrativa ni podrían demostrar que la terminación del programa era ilegal; y que la medida del DHS no violaba la Ley de Procedimiento Administrativo.
El abogado del Departamento de Justicia Brian Ward también argumentó en la corte que terminar el programa no significa que los individuos no podrían ser considerados para otros programas de inmigración y que el gobierno no los priorizaría para la deportación, algo que Talwani puso en duda, dado que podrían ser arrestados si llegaran a un hospital o se vieran involucrados en un accidente automovilístico.
En tan sentido, Ward argumentó que los permisos de parole siempre fueron discrecionales y que no existe obligación legal de revocar los casos uno por uno.
No obstante, la jueza dejó claro que el razonamiento de la Administración carece de sustento legal para una cancelación masiva, por lo que, si bien dijo que no ordenará continuar aceptando nuevos solicitantes y que detendrá de inmediato la aplicación de la medida publicada, en tanto emite su decisión formal.
Lo que ordena un juez de distrito
En teoría, la Administración está obligada a acatar las órdenes de un juez de distrito. De acuerdo con lo que recordó en su blog personal el periodista Mario Pentón, especializado en Inmigración, en el sistema judicial de Estados Unidos, las decisiones de los jueces federales, incluyendo a los jueces de distrito, tienen fuerza vinculante y deben ser cumplidas por todas las partes, incluido el gobierno federal.
Dicho en otras palabras: de ser emitida la orden anunciada por Talwani para bloquear la revocación de los paroles humanitarios, la misma deberá respetada, a menos que sea apelada ante un tribunal y modificada o anulada por una instancia superior.
La decisión que tomaría la jueza para bloquear el intento de Trump de revocar el estatus legal de cientos de miles de migrantes bajo el programa de parole humanitario ha puesto en valor la independencia de poderes en Estados Unidos, donde incluso el presidente está sujeto a la ley.
“La independencia de los tribunales es esencial para garantizar que las políticas y decisiones del gobierno no violen los derechos fundamentales de los individuos, asegurando que las acciones del poder ejecutivo sean revisadas y, si es necesario, corregidas”, apuntó Pentón al respecto.
El proceso judicial en Boston está motivado por una demanda de grupos de benefiarios, patrocinadores y grupos defensores de los inmigrantes. Otra demanda contra la cancelación del programa fue radicada en una corte de Washington DC y está pendiente de decisión.
Al menos dos años de estancia
Hay que recordar que el programa en cuestión fue implementado por Biden en octubre de 2022 para venezolanos y en enero de 2023 para cubanos, nicaragüenses y haitianos.
Esta iniciativa otorgó a los beneficiados la posibilidad de permanecer legalmente en Estados Unidos al menos dos años, siempre que contaran con un patrocinador estadounidense, y, durante ese tiempo, tenían que encontrar otras vías legales si querían permanecer en el país.
En particular a los cubanos este estatus temporal les daba la oportunidad de aspirar a la residencia permanente mediante la Ley de Ajuste Cubano, siempre que hubieran permanecido en el país por al menos un año y un día.
Aunque el programa mantuvo un flujo estable de aprobaciones en 2023 y principios de 2024, en agosto pasado comenzó a enfrentar un riguroso escrutinio que casi paralizó las aprobaciones hasta que en enero de este año Trump ordenó su suspensión inmediata.
