Una petición publicada en la plataforma Change.org está dirigida al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con el objetivo de solicitar una nueva prórroga de la Ley de Memoria Democrática. La normativa ha permitido que personas nacidas fuera de España, pero con ascendencia directa —padres o abuelos españoles—, accedan a la ciudadanía.
Actualmente, la ley tiene vigencia hasta el 21 de octubre de 2025, luego de haberse extendido un año más allá del plazo original de dos años desde su entrada en vigor. Sin embargo, los firmantes de la petición demandan una ampliación del plazo, argumentando que las trabas administrativas y tecnológicas están poniendo en riesgo miles de procesos aún sin concluir.
En el texto publicado se solicita al Ejecutivo español «la ampliación y extensión efectiva de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, junto con el urgente abordaje de los recientes fallos administrativos que dificultan su aplicación práctica».
Los promotores del reclamo destacan que la normativa «ha representado un paso decisivo hacia el reconocimiento de las víctimas del franquismo y sus descendientes, garantizando sus derechos a la verdad, justicia y reparación». No obstante, advierten sobre los obstáculos que enfrentan muchas personas para acogerse a los beneficios de la ley.
Uno de los principales problemas señalados es la limitación del tiempo vigente, lo cual, subrayan, «pone en riesgo la conclusión de procesos pendientes, como solicitudes de nacionalidad y exhumaciones incompletas».
También se denuncia el mal funcionamiento del sistema digital para solicitar citas y credenciales. Según la petición, «el nuevo sistema electrónico para solicitar credenciales y citas ha sido ineficiente. En muchos consulados, las citas desaparecen en segundos; otras agendas nunca se abren; y muchas personas no han logrado siquiera iniciar el expediente».
La situación afecta particularmente a los cubanos. A los ya conocidos problemas para obtener documentos oficiales y acceder a citas telemáticas, se suman las dificultades derivadas de la crisis energética y la conectividad limitada dentro de la Isla.
La solicitud alerta sobre un riesgo inminente: «quienes no consigan una cita antes del 21 de octubre de 2025 podrían perder el derecho garantizado por la ley», advierten.
Ante este panorama, los firmantes instan a las autoridades a prolongar la vigencia de la legislación «para garantizar que todas las solicitudes y procesos iniciados puedan completarse sin riesgo de caducidad», al tiempo que exigen «revisar y mejorar el sistema electrónico de citas y credenciales, asegurando que funcione correctamente, que las citas estén disponibles en tiempo razonable y que existan mecanismos alternativos en caso de fallo técnico».
Además, hacen un llamado a «asignar más recursos humanos, técnicos y financieros al Ministerio de Justicia y a los consulados, para atender la alta demanda y resolver los cuellos de botella actuales». También piden «reafirmar los compromisos sobre exhumaciones, identificación de restos y presencia educativa de la memoria histórica, como parte de una democracia sólida y consciente de su pasado».
El documento finaliza con un recordatorio del espíritu de la ley: «La memoria democrática no debe quedar solo en el papel legal: debe materializarse como acceso real y equitativo a los derechos que garantiza. No puede haber justicia parcial en un país que pretende reconciliarse con su historia».
La iniciativa continúa abierta a la firma de ciudadanos interesados en respaldar la causa.
