La batalla contra la corrupción en Cuba ha tomado un nuevo cariz, esta vez con nombres, detalles y sentencias. En un programa de Hacemos Cuba, transmitido ayer en horario estelar, las autoridades cubanas ventilaron sin ambages dos casos de corrupción administrativa que sacuden estructuras claves en las provincias de Pinar del Río y Artemisa. Lejos de limitarse a exponer los hechos, el programa subrayó la necesidad de transformar instituciones, reforzar mecanismos de control y, sobre todo, recordar a quienes administran fondos públicos que no son sus dueños.
En Pinar del Río, el epicentro del escándalo fue la Dirección Provincial de Finanzas y Precios, cuyo nombre sugiere control, planificación y transparencia. Pero tras una auditoría dirigida desde la Contraloría General de la República, se descubrió todo lo contrario: la entonces directora manipuló el presupuesto provincial sin autorización del Consejo de Gobierno ni del gobernador, autorizó pagos sin respaldo a empresas privadas, y violó flagrantemente la ley del presupuesto. Se transfirieron millones sin justificación, entre ellos dos millones de pesos al hogar de ancianos provincial, los cuales terminaron en manos de una mipyme amiga, que no prestó ningún servicio real.
Los delitos son tan variados como graves: malversación, falsificación de documentos, tráfico de influencias y violaciones a la seguridad de los sistemas informáticos. La directora permitió el acceso remoto a su computadora institucional a familiares y personas ajenas a la entidad, facilitando operaciones fraudulentas desde fuera de la sede. A ella se le impuso una condena de 15 años de privación de libertad, mientras que otros implicados recibieron penas de 10 y 8 años. El caso está ahora en fase de casación ante el Tribunal Supremo.
Aunque en el programa no fue mencionado de manera explícita su nombre, dados los datos que dieron, se pudiera tratar de Anamay Hernández Llera, quien fungió hasta al menos agosto de 2023 como directora de Finanzas y Precios en la provincia de Pinar del Río.
Anamay fue sustituida en el cargo por Glenis González Almaguer, quien fungía como Directora Provincial de Comercio de La Habana en marzo del 2023; la que aparentemente fue llamada para sustituir la primera, y quien al menos hasta abril de 2025 fungía en el cargo en la DPFP de Pinar del Río, cuando compareció en el programa oficialista Cuadrando la Caja.
La actividad de ambas, recogidas en las redes sociales, puede consultarse en los enlaces seleccionados en sus nombres.
Lo curioso es que mientras sucedía todo esto, en las redes sociales las cosas marchaban sobre ruedas. Así nos podemos encontrar cómo en el 2022, Anamay presentaba ante el el Consejo Provincial de Gobierno la ejecución del presupuesto hasta febrero de ese año.
Algo que hizo también en febrero y junio del año siguiente.
El segundo capítulo de este drama se escenifica en Artemisa, en la emblemática empresa estatal Cítricos Ceiba. Aquí, la corrupción no se gestó desde una oficina de gobierno, sino desde la propia negligencia empresarial.
Un contrato firmado en 2023 con un trabajador por cuenta propia para exportar carbón vegetal terminó con un pago anticipado de 30 millones de pesos… por un carbón que nunca llegó. Peor aún: nadie en la empresa conocía realmente al contratista, quien tenía antecedentes penales y era investigado por evasión fiscal en Camagüey. El dinero fue transferido a su cuenta de usufructuario, no como trabajador autorizado, y desapareció en nueve días, usado para compras personales.
El programa no solo mostró el desastre, sino también lo que ocurre después. Cítricos Ceiba, bajo nueva dirección desde marzo, ha emprendido un proceso de refundación. Se han pagado más de 66 millones de pesos en deudas atrasadas a campesinos, se han estructurado nuevos colectivos laborales con salario por resultados y sin límites de ingreso, y se está recuperando la capacidad exportadora. El director actual, Alexander López Laborada, asegura que no se ha pasado página: “Estamos en un proceso de profundización de causas y condiciones. Lo que estamos recuperando es el sentido de pertenencia”.
Más allá de las cifras y las sanciones, el programa insistió en algo que resuena con fuerza: el daño a la confianza pública. “La ley del presupuesto tiene fuerza de ley. Y lo que está en juego es el dinero del pueblo, no un fondo privado que se puede mover por capricho”, dijo el conductor Humberto López en su monólogo final. La vergüenza pública, advirtió, tiene un rol disuasivo que debe jugarse con cordura, pero sin concesiones.
“No hay padrinos. No hay excepciones”, recordó también, citando palabras del primer secretario del Partido. El mensaje fue claro: en el estado socialista cubano, la corrupción no será tolerada ni ocultada bajo silencios burocráticos. Pero no basta con castigar: se trata de prevenir, transformar y educar.
La instrucción es doble: que los que dirigen entiendan que tienen una altísima misión —la de proteger recursos que no les pertenecen— y que el pueblo, que observa, juzga y manda, no dejará de exigir cuentas.
