La ciudad de Miami tiene la capacidad de deshacer el acuerdo 287(g) que firmó con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero por ahora no existe una iniciativa clara para llevar el tema a votación en la Comisión Municipal, según declaraciones de la alcaldesa Eileen Higgins recogidas por el Miami Herald. El acuerdo 287(g) permite que oficiales de policía local reciban entrenamiento para realizar funciones de control migratorio bajo supervisión federal.
El contexto es políticamente delicado. De acuerdo con el relato del Herald, Higgins afirmó que firmaría una legislación que revierta el convenio si los comisionados la aprueban, pero también dijo que no será ella quien impulse el punto: en su criterio, la decisión recae en los propios comisionados, que lo aprobaron en su momento. En paralelo, funcionarios locales han mostrado cautela por el temor a represalias estatales, citando como antecedente presiones contra autoridades de Key West cuando intentaron anular un acuerdo similar.
Una clave operativa del caso es el nivel real de implementación. Un reporte de WLRN sobre el programa 287(g) en Miami indicó que el jefe de policía Manny Morales explicó que el departamento seleccionó a tres oficiales para la colaboración y defendió la cooperación con agencias federales, en un debate que ya venía marcado por dudas sobre si la ley estatal obligaba o no a firmar estos convenios.
En junio de 2025, la Comisión de Miami votó para entrar al programa 287(g), pese a críticas públicas, según Florida Phoenix, que detalló el alcance del acuerdo y el ambiente de presión política en Florida alrededor de la cooperación con ICE.
Quizás lo más interesante esté por suceder pronto y guarde relación con lo sucedido en Texas y en otros estados donde, gobernadores y partidos que apoyaron la política migratoria de Donald Trump perdieron las elecciones.
