Esta es la historia de varios inmigrantes cubanos. Tres. Uno pudiera ser deportado y no lo merece. Otro, que asesinó a una mujer y solo estuvo preso 18 meses en la cárcel, y que cuando salió, estranguló a una cubana que lo contrató para que le reparara un desperfecto en su casa.
Este último, que no debería ni estar vivo, debió ser deportado a la isla y nunca se hizo.
Dos historias que hoy son noticia en Miami, Florida, vuelven a colocar en primer plano a inmigrantes cubanos enfrentados a la zona más severa del sistema judicial y migratorio de Estados Unidos. En un extremo se discute si un hombre que ha vivido 36 años en el país merece ser tratado como un peligro o como un residente envejecido y enfermo que cayó en un vacío burocrático. En el otro, una familia exige justicia por el asesinato de una mujer cuyo agresor ya había matado antes y fue liberado con una rapidez difícil de explicar.
El caso de Justo Betancourt reseñado por Local10 News tomó por sorpresa a sus hijas. El pasado miércoles acudió, como cada año, a un chequeo rutinario con autoridades migratorias. Nunca regresó a casa. Las mujeres recibieron la noticia varias horas después: su padre estaba detenido en el Alligator Alcatraz Detention Center, una instalación de ICE en el sur de Florida.
Betancourt, inmigrante cubano que lleva 36 años en Estados Unidos, vive con una condición que requiere insulina dos veces al día. Sus hijas denuncian que la única comunicación que han tenido con él fue para escuchar una advertencia desalentadora: si necesitaba insulina, podía obtenerla “en México”. El hombre fue acusado hace cinco años en un caso por conspiración, pero los cargos fueron retirados. Aun así, permaneció en probatoria.
Para la familia, su historia debería pesar más que un expediente judicial sin condena: un padre soltero que trabajó y crió a sus hijas en Miami, parte de una comunidad a la que aportó durante décadas. “Somos humanos. Todos cometemos errores. Pero también somos capaces de cambiar y ser mejores”, dijo su hija Arianne, quien reclama que el sistema no lo exponga a un daño mayor que cualquier falta del pasado.
En paralelo, en una sala del tribunal de Miami-Dade se sigue rearmando la historia de un crimen brutal que marcó a la comunidad cubana en 2005.
Yvette Fariñas llegó desde Cuba en 1999 buscando una vida distinta. Trabajaba como mesera en La Carreta del Aeropuerto Internacional de Miami mientras intentaba convertirse en oficial de seguridad federal. El 24 de enero de 2005, fue sorprendida en su vivienda por un hombre al que ella misma había contratado para realizar reparaciones en su casa: el cubano Rafael Andres.
Según los fiscales, Andres utilizó una llave de repuesto para entrar al pequeño apartamento. La golpeó, la torturó hasta obtener el pin de su tarjeta bancaria y finalmente la estranguló con el cable de una olla arrocera. Luego incendió la escena para eliminar pruebas. Con la tarjeta de Yvette, retiró dinero, compró en tiendas y pagó una estancia en el Miccosukee Resort. La suma total malgastada: más de 1,600 dólares.
Una década después, en 2014, un jurado lo declaró culpable y recomendó la pena de muerte por una mayoría de 9–3. Pero cambios constitucionales en el sistema de ejecución de Florida le abrieron la puerta a un nuevo proceso de sentencia. Ese juicio se desarrolla ahora en Miami, donde la fiscalía sostiene que el crimen no admite otra respuesta que la máxima sanción penal del estado.
Lo más horrendo y doloroso relacionado con el nombre de Rafael Andres, es que este ya era conocido por la justicia antes del asesinato de Fariñas. En 1987 mató a puñaladas a Linda Azcarreta, una amiga de su esposa. Fue sentenciado a nueve años y salió tras apenas 18 meses por “buen comportamiento”. El propio hijo de aquella víctima asistió al juicio de 2015 para acompañar a la familia Fariñas y recordar que hubo una muerte previa que tampoco debió ocurrir.
Los dos casos se sostienen sobre preguntas incómodas que apuntan al mismo vértice del sistema: ¿Quién merece una segunda oportunidad? ¿Quién nunca debió tenerla? ¿Y por qué esas decisiones a veces parecen caer en el peor sitio posible?
Un hombre mayor, enfermo, con arraigo y familia, enfrenta ahora la posibilidad de ser sacado del país donde ha vivido toda su vida adulta. Otro, con un historial homicida previo, fue liberado décadas atrás, luego de pasar apenas 18 meses en la cárcel por un asesinato, y terminó arrebatando posteriormente la vida de una mujer que le había dado empleo, y quien también había hecho de Estados Unidos su proyecto de futuro.
La comunidad cubana ha construido su historia en Estados Unidos a base de trabajo, sacrificios y también controversias que cada cierto tiempo ocupan portadas policiales. Lo que estos dos expedientes revelan es que, para bien o para mal, la ley en Estados Unidos no distingue entre orígenes: la balanza puede inclinarse con firmeza, aunque no siempre en la dirección que muchos esperarían.
Aquí hay dos familias cubanas que hoy se aferran a la justicia: una pide clemencia para evitar que el sistema destruya a quien ayudó a formar un hogar; la otra lleva veinte años esperando que se imponga el peso completo de la ley sobre un asesino reincidente.
Las dos luchas se desarrollan en paralelo. Y ambas, de una forma u otra, ponen en evidencia que vivir en Estados Unidos no siempre garantiza la protección o la certeza que un día empujó a tantas personas a cruzar el estrecho.
