Miami-Dade amaneció en las últimas horas con dos expedientes que estremecen por su crudeza y por el punto común que comparten: la intimidad convertida en escenario de violencia.
En un juzgado del centro de Miami, Alfredo Javier Cedeño, de 35 años, escuchó los cargos que pesan en su contra tras, presuntamente, colocar un dispositivo de rastreo en el automóvil de su exnovia sin su consentimiento. A pocas millas, en Hialeah, agentes detuvieron a Janet Edwards, de 49, acusada de mantener a su madre de 77 años en condiciones indignas dentro de la vivienda familiar y de agredirla. Dos escenas separadas por horas y por barrios, unidas por la misma pregunta: ¿qué se rompe cuando lo más cercano deja de ser seguro?
El caso de Cedeño comenzó a destaparse cuando la mujer notó que su expareja “aparecía” una y otra vez en los mismos lugares adonde ella acudía, cosa muy extraña por cierto, en una ciudad tan grande como Miami.
Al revisar el auto, halló un localizador. Luego lo confrontó, y esto terminó siendo la condena para el «tech despechado».
Según el reporte policial, la mujer en su denuncia, presentó los mensajes en los que él habría admitido la instalación del aparato. Detenido y llevado ante un juez, se le impuso una fianza de 2,500 dólares y una orden de mantenerse alejado de la víctima.
La investigación avanza por los carriles del acoso y la violencia doméstica, con un punto legal no menor: desde 2024, en Florida el uso de rastreadores sin permiso puede constituir un delito punible con hasta cinco años de prisión. El espíritu de esa reforma fue claro: actualizar la ley a la tecnología, y evitar así que una mujer acosada y perseguida se convierta en una víctima.
En Hialeah, la denuncia llegó desde dentro de la propia familia. La hija de Edwards —nieta de la víctima— acudió a la policía con fotografías del estado de su abuela. Los agentes, al presentarse en la casa de la 1600 West 62nd Street, encontraron a la mujer mayor en una habitación cerrada por fuera y sin electricidad, acostada sobre un colchón inflable.
Un informe de arresto citado por Local10 News recoge, además, mensajes de texto en los que la sospechosa reconoce conocer episodios gravísimos de desatención y no actuar con prisa; y aquí esta historia «se combina con la anterior»: ambos implicados reconocieron sus errores «off-record», pero esto terminará pesando en su contra en las cortes.
Tras su traslado a la estación, los investigadores señalan que Janet Edwards admitió haber presenciado a su madre en situaciones de extrema degradación en repetidas ocasiones; negó, sin embargo, haberla golpeado. A pesar de eso, quedó recluida en el Turner Guilford Knight Correctional Center, bajo cargos de negligencia contra un adulto mayor o discapacitado y agresión a persona de 65 años o más, a la espera de que un juez fije la fianza. La víctima fue trasladada al Palmetto General Hospital para observación.
Los dos sumarios dejan una estela que va más allá de los tecnicismos. En el primer caso, la tecnología barata y ubicua facilitó un mecanismo de control que convierte la ciudad en un mapa de persecución. En el segundo, el hogar —ese último refugio— se volvió un encierro.
En ambos, el sistema judicial activó medidas inmediatas: órdenes de alejamiento, custodia policial, hospitalización y cargos que pueden escalar si aparecen nuevos elementos. Pero la respuesta institucional llega siempre después del daño. P
Por eso, las autoridades insisten en dos llamadas preventivas: denunciar cuanto antes cualquier indicio de vigilancia digital no consentida —baterías que se agotan sin razón, apps desconocidas, dispositivos extraños en el auto— y activar las redes de apoyo cuando un adulto mayor dependa de terceros para su cuidado.
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