Nuevos detalles han comenzado a circular sobre el atropello ocurrido la noche del 30 de diciembre en Santa Clara, Villa Clara, donde murieron una madre y su hija menor de edad. La información divulgada por la plataforma NiO Reportando un Crimen identifica a las víctimas como Liliana Carbonel Cueto, de 46 años, y su hija, una niña de 8 años que cumpliría 9 el 10 de febrero. El reporte sostiene que el conductor involucrado fue identificado como Oliesky Rivalta, cubano residente en Estados Unidos que se encontraba de visita en la isla por las celebraciones de fin de año, y que permanece detenido mientras se desarrolla el proceso investigativo.
Otro dato que concentra ahora la atención pública es el relacionado con las pruebas de alcohol y toxicología.
Según la actualización difundida por NiO, las pruebas iniciales realizadas al conductor no arrojaron consumo de alcohol, pero se tomó además una prueba de sangre cuyos resultados “podrían demorar hasta 90 días”, de acuerdo con lo que la familia asegura haber conocido por las autoridades. Ese plazo, repetido por medios que han replicado la versión, se ha convertido en el punto más controvertido del caso, porque deja a los familiares en una espera larga en un expediente que ya tiene una pérdida irreparable y un componente técnico decisivo.
La misma reconstrucción publicada en redes afirma que el vehículo habría circulado a exceso de velocidad en una zona señalizada para 30 km/h y que el trayecto de frenado habría sido de casi 30 metros desde el inicio de la frenada hasta la detención. También sostiene que, al momento del impacto, madre e hija no se habían incorporado completamente a la vía y se encontraban llegando a un separador. La plataforma añade que el conductor descendió para auxiliar a la madre y que, al notar después a la niña, entró en estado de shock, según el testimonio familiar.
Más allá de las versiones en disputa, lo cierto es que en Cuba existe un procedimiento médico-legal para la investigación de alcohol en conductores: tras el examen clínico, puede disponerse la extracción de sangre para la investigación químico-toxicológica a solicitud de la autoridad actuante, con responsabilidad y certificación del médico examinador. Lo que no suele estar claro para el público es el calendario real de esos dictámenes y su tránsito por laboratorios y peritajes, un terreno donde la opacidad institucional suele alimentar sospechas, discusiones y rumores.
Mientras las autoridades continúan la investigación, la familia insiste, según la misma fuente, en que el caso no sea usado como herramienta política y pide transparencia, respeto y justicia.
