El brazo legal del Estado en el oriente cubano ha movido ficha. La Fiscalía Provincial de Holguín ha ratificado que los jóvenes Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayaz Pérez, las mentes detrás del proyecto digital El4tico, permanecerán tras las rejas bajo la medida de prisión provisional mientras se instruye el caso en su contra.
La noticia, que ha caído como un jarro de agua fría sobre la comunidad de creadores independientes, se dio a conocer a través de un comunicado oficial en Facebook, donde se detallan los graves cargos que pesan sobre los comunicadores.
Según el órgano judicial, la investigación penal se centra en publicaciones que, a ojos de las autoridades, cruzan la línea de la legalidad vigente en la Isla. Los cargos imputados son de alto calibre: “propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir”.
El argumento oficial sostiene que desde la plataforma de El4tico se lanzaron mensajes que presuntamente: «incitan al pueblo, a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del ministerio del Interior a cambiar el orden constitucional de la República de Cuba; y difaman sobre la actuación de instituciones políticas y sociales del país”.
Además, la Fiscalía acusa a los jóvenes de utilizar su espacio digital para difamar el trabajo de diversas instituciones políticas y sociales del país.
Haciendo uso de las facultades que le otorga la Ley del Proceso Penal, la Fiscalía decidió asegurar a ambos creadores con el encierro preventivo. En estos momentos, el caso se encuentra en una fase de recolección de evidencias: “se practican diligencias de instrucción para la aportación de los medios de prueba y la culminación de las investigaciones”, precisa el texto oficial.
Una vez que este expediente esté «listo para sentencia», la institución determinará los pasos procesales a seguir, aunque el panorama para los jóvenes holguineros luce complicado dado el rigor de los delitos señalados.
El arresto de Medina y Zayaz Pérez no ha pasado desapercibido fuera de las fronteras de Cuba. Organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ya han alzado la voz, exigiendo la libertad inmediata de los detenidos y advirtiendo que este caso es un síntoma más de la asfixia que sufren las voces alternativas en la Isla.
Ante las críticas por la naturaleza del proceso, la Fiscalía intentó blindar su postura asegurando que se respetarán los canales legales: «Con respeto a los derechos y garantías que consagran la Constitución y las leyes, la Fiscalía velará por el cumplimiento del debido proceso, y concluidas las investigaciones adoptará las decisiones procesales correspondientes”, afirmaron.
Este nuevo capítulo judicial engrosa la lista de procesos contra activistas y voces críticas en un entorno donde el control sobre el contenido digital se ha vuelto la prioridad número uno del aparato estatal.
