El niño identificado por allegados como Lían —“estaba por cumplir dos años”, según vecinos— falleció tras varios días en estado crítico, luego de haber sido arrojado desde un segundo piso en Nueva Gerona, Isla de la Juventud.
La noticia del deceso fue confirmada públicamente por el activista Saúl Manuel, quien venía dando seguimiento al caso y compartió mensajes de pésame dirigidos a la familia. La muerte del menor cierra de la peor manera una historia que había movilizado cadenas de oración y un amplio clamor por justicia en redes locales.
El hecho ocurrió la tarde-noche del 29 de septiembre en la calle 35, entre 26 y 28, de la capital pinera.
En un primer reporte, familiares explicaron que el pequeño fue lanzado desde un balcón por una persona “con trastornos psicológicos” cercana al entorno familiar. Tras el impacto, el niño fue trasladado al Hospital Héroes del Baire y pasó a terapia intensiva. A las 72 horas desarrolló una inflamación cerebral que obligó a una intervención quirúrgica y quedó con ventilación mecánica en estado grave, de acuerdo con los partes que la familia fue compartiendo en redes sociales y que recogió la prensa independiente y medios como el nuestro, Cuballama Noticias
El caso había sido reseñado en dos entregas recientes: un primer despacho con los datos básicos del suceso (“Bebé es arrojado desde un 2do piso en Nueva Gerona”) y una actualización en la que se pedían oraciones y se detallaba la cirugía practicada al menor. Ambos textos ubicaban el hecho en el mismo tramo de calle y señalaban como presunto autor a un hombre con afecciones psiquiátricas vinculado al círculo familiar, extremo que las autoridades no habían confirmado oficialmente al cierre de esos reportes.
El abuelo del niño, Carlos Ramón Casasayas Calafell, fue de las primeras voces en alertar lo sucedido y en solicitar acompañamiento ciudadano.
Su testimonio —y el de decenas de vecinos— generó una ola de solidaridad, pero también preguntas difíciles: ¿cómo una persona en crisis tuvo acceso al menor?, ¿qué acompañamiento real reciben hoy las familias que conviven con pacientes psiquiátricos?, ¿quién responde cuando la falta de psicofármacos y de seguimiento clínico se traduce en riesgos letales? En las propias reacciones vecinales se apuntó a un contexto de escasez de medicamentos y consultas, que deja a los cuidadores lidiando casi solos con episodios imprevisibles.
La confirmación del fallecimiento reabre un reclamo doble. Por un lado, justicia y esclarecimiento: establecer responsabilidades penales y sanitarias, informar con transparencia qué medidas se adoptarán respecto al presunto agresor y al manejo de pacientes con diagnósticos graves. Por otro, prevención: garantizar suministro estable de psicotrópicos esenciales, protocolos de emergencia cuando una familia advierte descompensaciones, y recursos comunitarios que reduzcan el riesgo para terceros, especialmente para la infancia.
