El gobierno cubano anunció la entrada en vigor el 1 de enero de 2025 de un grupo de normas jurídicas que flexibilizarán la importación y la comercialización de vehículos en la isla con el fin de modernizar el parque automotor y aliviar las tensiones en el acceso al transporte.
Así, esta política, explicada en la Gaceta Oficial (ordinaria) número 128 del año 2024, oxigena un marco regulatorio que ha permanecido prácticamente inamovible durante décadas, mientras la transportación en el país ha empeorado marcada por la ineficiencia estatal, los precios prohibitivos y las restricciones excesivas.
Ahora, con el objetivo de mejorar la gestión del transporte y de promover un mayor acceso a nuevos medios de transporte “en la medida de lo posible”, el Gobierno ha soltado un poco de riendas, pero sin solucionar los problemas reales que han llevado a la debacle de la transportación en Cuba.
Entre las medidas sobresale que no variará el precio de los vehículos a comercializar en moneda libremente convertible si el comprador es una persona jurídica o natural, aunque para estas últimas, los precios serán inferiores a los actuales.
También destaca el autorizo de la transmisión de vehículos entre personas naturales y jurídicas, incluyendo organizaciones religiosas y empresas privadas, excepto las estatales o con participación estatal y las diplomáticas, que se rigen por normativas específicas independientes.
En cuanto a las nuevas tarifas arancelarias trascendió que los vehículos eléctricos y de bajo consumo tendrán tarifas preferenciales del 10%, mientras que los de combustión interna enfrentarán tasas de hasta el 30% según su categoría y segmento.
El impuesto especial por la venta de los vehículos irá desde un 35% del valor total de la venta en divisas convertibles, en el caso de los vehículos de gama alta, hasta no aplicarlo cuando se trate de vehículos eléctricos ensamblados en Cuba.
También disminuyeron los márgenes comerciales de las entidades importadoras y comercializadoras estatales, los cuales se limitan al 20% con la intención de reducir los precios finales.
Asimismo, se priorizará la importación de automóviles eléctricos y su infraestructura de carga, con impuestos reducidos y apoyo logístico para la adquisición.
En tal sentido, se publicó una lista preliminar de marcas y modelos aprobados, en la que aparecen favorecidos los autos eléctricos de bajo consumo.
Por otro lado, se estableció un límite máximo de seis vehículos que puede adquirir una persona natural o jurídica en cinco años, a excepción de los vehículos eléctricos con sus fuentes de carga, para los que no se establecen límites.
La posibilidad de entrar vehículos al país quedó restringida, ya que cada persona natural podrá importar solo uno cada cinco años, con limitaciones adicionales para los de lujo.
Se decidió igualmente permitir la importación por una sola vez de vehículos a personas que se encuentren en misiones oficiales en el exterior por un periodo mínimo de dos años.
Se habla de impuestos especiales progresivos ya que se aplicarán tasas de hasta el 200% en vehículos de lujo y un 100% en autos utilitarios, dependiendo de la gama.
Según la versión oficial, los ingresos generados por estos impuestos serán destinados al mantenimiento y mejora de la infraestructura de transporte público.
Sobre la comercialización de autos usados provenientes del turismo, destaca que aquellos que hayan cumplido su ciclo en la renta y estén en buen estado técnico se ofrecerán en moneda nacional, se dedicarán a atender prioridades estatales y sociales previstas en el plan de la economía, reposición del seguro, taxis y asignación por estímulos a personas de diferentes sectores.
Del mismo modo, se autorizó la importación de ciclomotores y motocicletas de motores de combustión interna hasta 250 cc o híbridas de baja cilindrada, con o sin sidecar, tanto por la vía de pasajeros, como carga no acompañada o por envío; así como la de triciclos eléctricos con capacidad superior a dos plazas o con capacidad de carga.
A pesar de estas disposiciones, los precios finales siguen siendo exorbitantes para el cubano medio, a la vez que el margen comercial y los impuestos especiales continúan inflando los costos.
Vale recordar que en septiembre de este año, las autoridades anunciaron una significativa rebaja en los precios de los vehículos importados, según la cual, un vehículo que anteriormente costaba entre 55.000 y 60.000 dólares, ahora tendría un precio inicial de unos 15.900.
Sin embargo, esta cifra inicial es inalcanzable para la mayoría de la población si se tiene en cuenta que el salario promedio en la isla ronda los 3.000 pesos mensuales, apenas unos 10 dólares.
Entonces también se autorizó la compraventa de vehículos entre personas naturales y jurídicas, incluyendo mipymes, organizaciones religiosas y oficinas extranjeras, aunque las entidades estatales siguen requiriendo la aprobación del Consejo de Ministros para transferencias hacia individuos.
