Residentes de los condados de Miami‑Dade y Broward han presentado una demanda por daños y perjuicios por $10 millones contra el Departamento de Vehículos Motorizados de Florida (DHSMV por sus siglas en inglés, DMV por sus siglas en español) y las autoridades recaudadoras de ambos condados, acusándolos de exponer a los ciudadanos —incluyendo menores— a condiciones “tortuosas, miserables, denigrantes y poco saludables” durante el trámite de renovación o adquisición de licencias de conducir, señalan desde Miami medios como Telemundo51.
La demanda fue radicada este miércoles en el Circuito 17 del condado de Broward. El abogado Michael Pizzi, quien lidera la acción legal, sostiene que el sistema de citas está rodeado de irregularidades: facilitación de reventa de turnos (“scalping”), vulnerabilidad presupuestada desde hace años y ausencia de control sobre filas que se extienden durante horas —incluso toda la noche— frente a oficinas como la del DMV en Pompano Beach; eso para no hablar de las que se han formado en Hialeah y en la oficina más conocida por todos los cubanos: la que está en el Mall de las Américas.
Uno de los casos más impactantes es el de Jennifer Sassone. Su hija de 17 años debió “acampar toda la noche” frente a una oficina para poder sacar su licencia, sin seguridad, baños ni la más mínima garantía de asistencia.
“No podía creer que una menor tuviera que pasar la noche afuera sin seguridad ni servicios básicos”, denunció Sassone, en declaraciones recogidas por Telemundo.
Pizzi explicó que la demanda busca ser certificada como acción colectiva, con el propósito de reclamar indemnizaciones hasta por diez años y motivar a otros afectados a unirse.
“Los residentes del estado de Florida, incluyendo Miami‑Dade y Broward, han tenido que pasar por un proceso tortuoso…”, afirmó el abogado.
Telemundo 51 ha destacado durante meses la frustración ciudadana por las complicadas citas y filtraciones que permiten a terceros revendérselas a precios de entre $25 y $250. En respuesta, Miami‑Dade y Broward han reformado la legislación local calificando el acaparamiento de citas como delito menor; a nivel estatal, esa práctica será penalizada a partir del 1 de julio como delito menor de primer grado.
Además, las autoridades del condado de Miami‑Dade han implementado nuevas herramientas para rastrear intentos de scalping, mientras colaboran con las oficinas tributarias para identificar responsables .
Pese a estas iniciativas, el litigio resalta amplias brechas en la gestión del DMV y las oficinas recaudadoras: deficiencias tecnológicas, falta de personal y negligencia ante prácticas ilícitas. Los demandantes acusan que la combinación de citas vulnerables, largas filas y espera nocturna constituye un entorno inseguro y degradante, particularmente para menores y personas vulnerables .
Hasta el cierre de esta nota, ni el DMV estatal ni las oficinas de recaudación de Miami‑Dade y Broward habían emitido comentarios oficiales sobre la demanda.
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