La noticia publicada el pasado 28 de agosto por el diario oficial Escambray sacudió a Sancti Spíritus y, poco después, a las redes sociales. El medio reportaba la condena de varios directivos de la Empresa de Suministros Agropecuarios, señalados como responsables de pérdidas millonarias que ascendieron a más de 100 millones de pesos; y donde se señalaba también que la sanción más severa recayó sobre Diana Sánchez Pérez, quien fuera su directora general hasta abril de 2024, quien sentenciada a 20 años de cárcel por el delito de malversación.
La versión oficial detalla un rosario de irregularidades: productos cárnicos que se echaron a perder tras fallas técnicas en una nevera y que, según los jueces, los responsables no preservaron; y, sobre todo, la venta de mercancías a un supuesto representante de un proyecto local, que nunca pagó y abandonó el país, dejando pérdidas imposibles de recuperar. Concluido el juicio oral, los jueces aplicaron condenas que van desde los 10 hasta los 20 años de privación de libertad, además de sanciones accesorias como la prohibición de salida del país y el resarcimiento económico a la entidad estatal.
Sin embargo, casi al mismo tiempo que se divulgaba la noticia en Escambray, comenzaron a aparecer en redes sociales testimonios que cuestionaban la sentencia y la forma en que se ha presentado el caso ante la opinión pública.
En la página de Facebook de 14ymedio, donde se compartió la información, la hija de la funcionaria condenada, Dayiris Alemán Sánchez, salió en defensa de su madre.
“Todo el que conoce el caso sabe bien lo que estoy hablando”, escribió, asegurando que la sancionada pasó cuatro meses enferma de hepatitis reactiva, lo que le imposibilitó ejercer el cargo durante ese tiempo. Según Dayiris, en ese lapso se hicieron ventas “a sus espaldas”, y nadie se quedó con dinero alguno.
“Solo le vendieron a un tipo que nunca pagó y se fue del país”, apuntó, antes de lanzar una pregunta: “¿Es ético que se desmoralice así a un ser humano sin saber bien lo que pasó?”.
Otros comentarios reforzaron esa defensa. Marisel Díaz González coincidió en que la sanción es desproporcionada: “Cualquier error de proceder no puede llevar a juzgar como un asesinato o un homicidio… estando enferma con hepatitis”. En su opinión, el verdadero culpable fue el empresario que desapareció con las mercancías: “Ese HP fue quien se aprovechó de la bondad y el deseo de vender… y ahora está tomando Corona, pero donde quiera que esté le llegará la justicia divina”.
En la misma línea, Yamara Herrera calificó de “circo” la forma en que se ha tratado el caso en la prensa y defendió que la mujer “tiene todo el derecho a apelar”.
“Es una persona inocente a la que están condenando a una pena que ni los asesinos más peligrosos han recibido”, escribió indignada. Según Herrera, la sanción llegó antes incluso de que se resolviera la apelación, y lo que se busca es desmoralizar a toda una familia: “Esa persona tiene madre, tiene hijos y nietos que están sufriendo con este circo”.
También Raúlito Good, quien se presentó como testigo de la enfermedad de la funcionaria, aseguró que conoció de primera mano la hepatitis que atravesó y la imposibilidad de que ejerciera sus funciones en ese tiempo. “Han cometido una gran injusticia”, afirmó, al tiempo que advirtió que “hay guerras que nunca vas a ganar ni teniendo la razón”.
Los mensajes de apoyo se repitieron: Miriam Alfaro habló de la tristeza de ver cómo no se considera lo que esa mujer “dio todo”; Marisel Díaz insistió en que el verdadero delincuente fue el que se llevó la mercancía; Eduardo Enzo escribió que “tendrían que meter presos a todos los dirigentes, porque la corrupción está donde quiera”; y Enersi Ortiz resumió con un lacónico: “Una paga por todos”.
El tono de estos comentarios contrasta con el de quienes reaccionaron con escepticismo o sarcasmo. Para usuarios como Arais Basanta, la defensa de Dayiris no es creíble: “Juzgados por malversación sin cogerse un kilo jajajajaja. Mima, esa llevaba robando años seguro. Como todos los dirigentes de ese país”. Otros fueron más contundentes, repitiendo el lugar común de que “todos los dirigentes roban” y que la mujer sancionada simplemente “pagó los platos rotos”.
En este cruce de narrativas —la de un medio oficialista que enmarca la sentencia como ejemplarizante, y la de familiares y allegados que la presentan como una injusticia— se juega más que el destino de una funcionaria espirituana. El caso expone las grietas entre el discurso oficial anticorrupción y la percepción popular de un sistema donde los errores, las negligencias y los delitos económicos se entrelazan con la crisis general del país.
La sentencia aún no es firme y, como recordó la propia hija de la condenada, habrá apelación ante el Tribunal Supremo. Pero, mientras tanto, la batalla por la opinión pública ya se libra en las redes sociales, entre quienes ven en ella a una culpable más del entramado corrupto y quienes la defienden como una víctima de la maquinaria judicial cubana.
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