El gobierno cubano ofreció detalles sobre el intercambio armado entre una lancha procedente de Florida con diez personas a bordo y una embarcación con cinco miembros de Tropas Guardafronteras (TGF) de la isla, que tuvo lugar en la mañana del pasado 25 de febrero en la costa norte del municipio de Corralillo, en la central provincia de Villa Clara.
Según la versión expuesta por La Habana este viernes en televisión nacional, el tiroteo ocurrido en Cayo Falcones, específicamente en el canalizo Los Pinos, dejó tres muertos y siete heridos.
“Como consecuencia de la respuesta de las TGF, inicialmente resultan fallecidos tres de los sujetos que estaban a bordo y siete heridos. Esa es la primera dinámica que acontece ahí”, precisó el primer coronel Ybey Carballo Pérez, jefe de Estado Mayor de la Dirección de TGF, quien insistió en que la embarcación cubana solo “respondió al fuego”.
Si bien la referencia a “tres fallecidos” ha generado confusión en algunos medios periodísticos, los reportes oficiales cubanos han mencionado desde el inicio a cuatro fallecidos. Puede presumirse que una cuarta persona falleció en el traslado a una instalación hospitalaria, pero es algo que sigue sin quedar claro.
Además, la versión ofrecida este sábado por el periódico Granma menciona que el incidente dejó “como saldo tres agresores abatidos y siete lesionados”.
No obstante, un reporte de la corresponsal de la agencia AP en la isla, Andrea Rodríguez, detalló que “en un principio murieron tres de los atacantes, y otro que resultó lesionado falleció posteriormente”.
De acuerdo con lo que informó el Minint, los diez hombres a bordo de la lancha abatida fueron Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gómez, Amijail Sánchez González, Roberto Álvarez Ávila y Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa, “estos últimos cuatro fallecidos”.
No obstante, el Minint enmendó la lista de tripulantes que había publicado inicialmente, ya que había incluido por error al activista Roberto Azcorra Consuegra, quien se encontraba en Miami, en lugar Roberto Álvarez Ávila.
Este último nombre fue cambiado, ya que inicialmente las autoridades dieron como arrestado a Roberto Azcorra Consuegra, un activista político que se encuentra en Miami, Florida, desde donde aseguró que no fue a Cuba.
Al menos dos de los hombres, incluido uno que murió (Pavel Alling Peña), eran ciudadanos estadounidenses, otro tenía una visa para prometido y se cree que los demás eran residentes legales permanentes, según un funcionario estadounidense citado por The New York Times.
Al presentar ante las cámaras la evidencia del presunto arsenal que llevaban los tripulantes del bote, el régimen calificó el hecho como un “intento de infiltración en el territorio nacional de una lancha rápida con matrícula de Estados Unidos”.
Las autoridades cubanas recalcaron que su respuesta al incidente se adhirió estrictamente al marco regulatorio, basado en diferentes niveles de medidas de fuerza contra un objetivo infractor, según los cuales se identifica y se persigue, acompañado y persuadido, y las armas de fuego solo se usan cuando existe un ataque previo.
Según explicó Carballo Pérez, “solo se responde con armas de fuego cuando somos agredidos. Es un modelo de actuación racional y defensivo, que prioriza evitar el uso de las armas salvo en situaciones de agresión directa”.
De acuerdo con el relato oficial, la embarcación “sospechosa” fue detectada a las siete y diez de la mañana mediante los medios técnicos de las TGF, a 3,7 millas náuticas dentro de las aguas territoriales, por lo que se orientó que la lancha interceptora número 25 procediera a su identificación.
El comandante militar relató que entonces vieron personas en el agua, quienes, al notar la presencia de la unidad cubana, volvieron a embarcar y se dirigieron hacia el oeste.
La lancha interceptora cubana, cuyas armas consistían en tres rifles AKM y una ametralladora ligera RPK, según La Habana, estaba a 185 metros del bote extranjero cuando fue atacada con disparos.
“Como consecuencia, resultó herido el comandante de la unidad, el capitán Yosmany Hernández Hernández, quien recibió impactos en el abdomen y el antebrazo y sangraba abundantemente”, detalló sobre el oficial herido, quien se encuentra fuera de peligro.
Carballo Pérez agregó que el capitán de TGF maniobró con la lancha hasta poco antes de desmayarse por el abundante sangramiento, y que los restantes cuatro soldados enfrentaron en combate numéricamente desigual a los 10 adversarios hasta someterlos.
El análisis técnico experto, según el Minint, reveló 13 impactos de bala en el buque cubano, ubicados a estribor, en el casco y en las barandas. Mientras tanto, el barco procedente de Estados Unidos y equipado con un motor fuera de borda, GPS y equipo de radionavigación, tuvo 21 agujeros de bala.
Las autoridades militares aseguraron que, luego de que el buque fuera neutralizado, los heridos fueron evacuados y llevados a hospitales.
El coronel Juan Antonio Ramírez, doctor a cargo de Servicios Médicos del Minint, declaró que “los detenidos heridos reciben atención médica con todos los recursos necesarios. Es una práctica ética de nuestras instituciones brindar asistencia sin distinción”.
En relación con este hecho, el régimen cubano aseguró que hubo intercambio de información casi en tiempo real con el enlace de la Embajada de Estados Unidos en La Habana y autoridades en Miami, Florida, a quienes se les ofrecieron detalles del incidente.
La investigación criminal determinó que no uno, sino dos barcos partieron de Marathon Key, Florida. Uno experimentó dificultades técnicas en el camino y los ocupantes fueron trasladados al otro, razón por la que finalmente llegaron en un solo barco.
Víctor Eduardo Álvarez Valle, uno de los jefes de Investigación Criminal de la Seguridad del Estado del Minint, afirmó a la agencia AP que no había ni información de inteligencia de la operación ni un aviso por parte de la Guardia Costera estadounidense.
“Nosotros nos sorprendemos también ante la resistencia (de la lancha). No la esperábamos, y menos con esa cantidad de personas y armamentos”, destacó Álvarez Valle.
Como todos los apresados son de origen cubano, la legislación de la isla los considera ciudadanos, aunque alguno tenga también nacionalidad estadounidense, por lo que, según el fiscal jefe de Dirección en la Fiscalía General de la República, Edward Robert Campbell, podrían imponérseles cargos por el grave delito de terrorismo, el cual contempla 30 años de cárcel, prisión perpetua y hasta la pena de muerte, aunque ésta está en moratoria desde hace más de una década.
