Esta semana ha sido noticia la decisión de la administración del presidente Joe Biden de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, un movimiento que ha generado reacciones mixtas dentro del contexto de la inminente transición de gobierno en Estados Unidos.
Además, se anunció la suspensión del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 y la eliminación de la lista de entidades cubanas restringidas, que prohíbe a ciudadanos e instituciones estadounidenses realizar transacciones financieras con ciertos organismos cubanos.
Después de esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció la liberación de 553 personas que se efectuará tras un análisis cuidadoso, exponiendo que forma parte del “espíritu del Jubileo Ordinario de 2025”, sin hacer mención de que esta acción coincide con el anuncio de la decisión de Biden.
Este acuerdo, en el que medió la Iglesia Católica con el respaldo del Vaticano, fue presentado como un gesto humanitario, con una implementación “gradual”, y no ha tardado en generar críticas, sobre todo por el evidente uso de personas como “moneda de cambio”, ante cualquier cambio de política.
Según la ONG Cubalex, hasta ahora han sido liberadas 22 personas, todas detenidas por motivos políticos o su participación en las manifestaciones del 11J con edades que oscilan entre los 21 y 53 años.
Sin embargo, opositores como Luis Manuel Otero Alcántara o Maykel Osorbo no han sido incluidos en la lista de liberados hasta el momento, y familiares y activistas desde las redes sociales han declarado que no han recibido información de que formen parte de esta medida.
📌 Ante la reciente liberación de algunos manifestantes del #11dejulio de 2021 en el marco de negociaciones internacionales de las que la sociedad civil cubana no ha sido partícipe, medios de prensa y amigos nos han preguntado sobre Luis Manuel Otero Alcántara.
— Luis M. Alcantara (@LMOAlcantara) January 15, 2025
1/7 pic.twitter.com/Lc2VFLze90
La ONG Prisoners Defenders sostiene que la cifra total de presos políticos en Cuba supera los 1,100 (algunos de ellos menores de edad), lo que deja la lista de 553 liberaciones como insuficiente frente a la magnitud del problema.
Además, se ha reportado que las detenciones arbitrarias continúan, como ocurrió con el periodista independiente Niober García Fournier y el opositor Juan Luis Bravo Rodríguez, arrestados en Guantánamo por grabar un video sobre la situación de abandono que enfrentan los campesinos cubanos.
Unido a esto, la medida no se trata de amnistía ni indulto de acuerdo a declaraciones de Maricela Sosa Ravelo, una de las vicepresidentas del Tribunal Supremo Popular, que las calificó como “beneficios de excarcelación anticipada” o “licencia extrapenal” (este último caso para personas con problemas de salud o por su edad).
