Las autoridades cubanas informaron en las últimas horas el esclarecimiento de al menos dos casos de robo de combustible en la provincia de Matanzas, ambos ocurridos en instalaciones o medios vinculados a empresas estatales, en un contexto marcado por la escasez crónica de carburantes y una creciente percepción social de corrupción e impunidad.
El primer hecho tuvo lugar en la UEB Comercializadora de Combustible de Matanzas, Terminal 320, donde fueron sorprendidos in fraganti dos trabajadores de la propia entidad: Marcial Rudelay Cancino Ochoterena, jefe de turno, y Ernesto Mesa Méndez, agente de seguridad. Según la información difundida por el perfil oficialista Con Todos La Victoria, ambos sustraían 25 litros de gasolina de los tanques de CUPET, empacados en bolsas de nylon, durante la madrugada. El combustible, altamente demandado y deficitario en la provincia, estaba destinado al consumo estatal y a servicios esenciales.
La gravedad del caso radica en que los implicados tenían como función precisamente custodiar y proteger esos recursos. Tras su detención, ambos quedaron sujetos a un proceso judicial por delitos asociados al robo de combustible. La publicación fue acompañada de un discurso de “tolerancia cero”, aunque los comentarios ciudadanos mostraron una reacción mucho más compleja: desde quienes exigieron sanciones ejemplares, hasta quienes atribuyeron el hecho a los bajos salarios y a la precariedad económica generalizada.
El segundo caso ocurrió en el entronque de Crimea, en el municipio de Jagüey Grande, específicamente en el kilómetro 136 de la autopista nacional. Allí fue detenido Anael Méndez Flores, sorprendido mientras sustraía 100 litros de petróleo del tanque de un camión perteneciente a la empresa TransCUPET de Cienfuegos. El robo se produjo directamente desde la pipa, en plena vía, y también derivó en la apertura de un proceso penal.
Al igual que en el primer incidente, las reacciones en redes sociales evidenciaron una profunda división. Mientras algunos usuarios celebraron la captura y reclamaron castigos severos, otros cuestionaron la selectividad de las sanciones y señalaron que este tipo de delitos responde a una práctica extendida en múltiples sectores estatales. Varios comentarios apuntaron a que estos casos difícilmente son hechos aislados y que, en muchos casos, las sustracciones se producen con la complicidad o el conocimiento de niveles superiores de administración.
Ambos sucesos vuelven a poner en el centro del debate el problema estructural del robo de combustible en Cuba, una práctica que se ha convertido en parte del circuito informal de supervivencia y que afecta directamente al transporte, la producción y los servicios públicos. Más allá de los operativos puntuales, las detenciones reabren preguntas recurrentes: cuántos casos similares no salen a la luz, hasta dónde llega la responsabilidad institucional y si la respuesta penal, por sí sola, puede contener un fenómeno que se alimenta de la escasez y del colapso económico.
