En un país donde una pastilla puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, los casos de robo y venta ilegal de medicamentos en Cuba siguen saliendo a la luz con frecuencia alarmante. Esta semana, los reflectores apuntan a Pinar del Río, donde las autoridades detuvieron a Jonail Piña Plasencia, enfermero del Servicio de Urgencias del Hospital Abel Santamaría Cuadrado, sorprendido cuando abandonaba el centro médico con insumos sustraídos.
La misma operación también determinó el arresto de Mayisney Hidalgo Barrios, vecina del Reparto Cuba Libre, acusada de distribuir estos productos en el mercado negro. Entre los artículos incautados había desde jeringuillas hasta ampollas inyectables, pasando por cremas, blísteres de medicamentos y materiales esenciales para tratamientos hospitalarios.
No es un caso aislado. De hecho, se suma a una cadena de escándalos que, como heridas sin cerrar, exponen las fracturas del sistema de salud cubano. ¿Cuántos pacientes habrán escuchado un “no hay” mientras los medicamentos que necesitaban eran vendidos al mejor postor? La pregunta, lanzada por la página “De Canallas y sus Canalladas”, asociada al Ministerio del Interior (MININT), resuena con crudeza.
Lea más: Circulan medicamentos adulterados en Cuba: Estos son los que están en la “lista negra”
La situación es tan grave que recuerda un episodio reciente en Holguín, donde un hombre fue capturado con fármacos controlados como amitriptilina y trifluoperacina, altamente regulados por sus efectos sedantes. Más atrás, en Manzanillo, un terapeuta físico almacenaba antibióticos y analgésicos que vendía por redes sociales, cual si fueran productos de catálogo.
Aunque los casos actuales son escandalosos, la historia viene de años atrás. En 2021, en Guantánamo, una red de más de diez personas fue desarticulada por tráfico de medicamentos, muchos de ellos importados desde EE.UU. y Rusia. Incluso durante el pico de la pandemia, en Ciego de Ávila, personal sanitario desvió fármacos destinados a pacientes con COVID-19, vendiéndolos a precios exorbitantes.
La escasez generalizada y la precariedad de salarios han creado un caldo de cultivo donde la ética profesional se tambalea. Mientras la estatal BioCubaFarma intenta frenar los robos con vigilancia y cámaras, el problema va más allá de la seguridad: es un síntoma de una crisis estructural que deja a miles sin acceso al tratamiento, y a algunos, sin esperanza.
