Cubanos con I-220A podrían verse beneficiados después de que una corte federal en California certificara una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por mantener detenidos, sin derecho a fianza, a inmigrantes que legalmente no deberían estar bajo detención obligatoria.
Según determinó la jueza del Distrito Central de California, S Sunshine S. Sykes, la política aplicada desde 2023 viola la Ley de Inmigración y el derecho al debido proceso al negar audiencias de fianza y prolongar detenciones sin revisión judicial.
“Si bien es posible que las personas tengan diferentes cargos de inadmisibilidad al ser arrestadas, la privación del derecho a una audiencia de fianza es un perjuicio común. Este perjuicio común puede resolverse de un solo golpe al determinarse que la nueva política del DHS viola su derecho al debido proceso”, se lee en la decisión de la jueza Sykes.
Se trata de una decisión que beneficia a miles de migrantes sin estatus legal, incluidos quienes no fueron arrestados inmediatamente tras su entrada y no están sujetos a detención obligatoria, serán elegibles para fianza, independientemente de si entraron a Estados Unidos con una visa o no, siempre que no sean una amenaza para la sociedad y no tengan deportaciones previas.
Si bien esta certificación no ordena liberaciones, obliga al gobierno a detener la polémica política, a permitir audiencias individuales y a reportar avances en enero de 2026.
Según resaltó este miércoles el abogado de inmigración Ismael Labrador, entrevistado por el periodista Mario J. Pentón, es una oportunidad para que muchos I-220A que han sido detenidos después de ser desestimados sus casos puedan salir bajo fianza.
En palabras de Labrador, visto que esta medida deberá ser disputada por el gobierno, hay que “moverse rápido” para conseguir una audiencia de fianza “lo antes posible” usando los argumentos ofrecidos por Sykes, para que un juez decida si pueden o no pelear sus casos migratorios en libertad.
Lo positivo, de acuerdo con los expertos, es que esta decisión obliga a los jueces a escuchar los argumentos y aprobar o denegar las fianzas en corte.
Hasta la semana pasada, unas 65.000 personas se encontraban detenidas en centros de ICE, según cifras de la agencia.
“A partir del viernes vamos a poder someter aplicaciones para fianzas para esos miles de inmigrantes que han estado aquí por años, se han portado bien, tienen familia aquí y que no son amenazas para la sociedad”, explicó a Univisión sobre la medida, que entra en vigor este 28 de noviembre, el abogado de inmigración de Los Ángeles, Álex Galvez.
Hay que recalcar que la decisión de la jueza no garantiza la permanencia de estos inmigrantes en Estados Unidos o la victoria en sus peticiones migratorias, sino el acceso a solicitar dichas audiencias de fianza para pelear sus casos en libertad.
