Tavares Hutchinson caminó hacia la salida del Broward County Jail como quien no termina de creerse el propio cuerpo. Tenía 49 años y había pasado 26 años, cinco meses y 24 días encarcelado por un robo a mano armada cometido en 1999, en Fort Lauderdale, que hoy la propia justicia admite que está lleno de dudas.
No es una exoneración formal, advierten los fiscales. Pero sí el reconocimiento implícito de que el caso, tal como se armó a finales de los noventa, ya no se sostiene con la misma fuerza. Solo un detalle explicaría el porqué de tanta injusticia: Tavares Hutchinson es negro.
En el año 2000, un jurado lo condenó a cadena perpetua por supuestamente apuntar con un arma a un hombre y robarle su anillo de bodas y una cadena de oro. Desde entonces, Hutchinson repitió una y otra vez que no había sido él. Dos décadas más tarde, esa insistencia terminó por encontrar eco: la Fiscalía de Broward derivó su petición al Innocence Project of Florida, organización que ha conseguido la libertad de decenas de presos a partir de nuevas pruebas o revisiones de casos antiguos.
Durante dos años, abogados e investigadores revisaron el expediente como si fuera un caso recién abierto. Descubrieron que la cadena incautada a Hutchinson no coincidía con la descripción de la joya robada: ni el estilo ni la calidad del oro eran los mismos.
Exámenes posteriores confirmaron que la pieza que la policía presentó en su día no era siquiera de 14 quilates, como había declarado la víctima sobre su cadena tipo Gucci. A eso se sumaron inconsistencias en la descripción física del agresor original y, finalmente, un punto de inflexión: el propio denunciante dijo a los revisores que cree haber identificado al hombre equivocado.
Con ese nuevo cuadro, un juez decidió modificar la pena y dar por cumplida la condena con el tiempo ya pasado en prisión. La oficina de la fiscal estatal fue clara en su comunicado: aceptó que, a la luz de la evidencia actual y las debilidades del caso, mantenerlo preso ya no era compatible con “los intereses de la justicia”. Pero la resolución también deja un sabor amargo: en los papeles, Hutchinson sigue siendo un convicto por robo con arma.
Mientras sus abogados anuncian que seguirán peleando por limpiar por completo su nombre, Hutchinson intenta aprender a vivir fuera de una celda en un mundo que cambió mientras él envejecía entre rejas. Ingresará en un programa de reinserción y residirá, al menos al inicio, en una vivienda de transición. Dice que lo que más le impresiona es ver a la gente “vivir en paz” en la calle. Después de más de un cuarto de siglo insistiendo en su inocencia, su primera victoria es tan simple como eso: volver a caminar sin barrotes alrededor y empezar a reclamar, paso a paso, el tiempo que le arrancaron.
¿Por qué nadie revisó su caso antes? La respuesta es sencilla si se entiende cómo funciona realmente el sistema de justicia estadounidense. Una vez que alguien es condenado —y no hace falta repetir aquí los atajos, presiones o errores que a veces producen esas condenas, porque la propia historia de Hutchinson ya los ilustra— el proceso para corregir una injusticia casi siempre depende del dinero. Si el preso no puede pagar a un abogado que se tome el caso en serio y esté dispuesto a reabrirlo, a investigar, a insistir, la condena se vuelve una piedra imposible de mover. Así de crudo, así de simple.
