Denuncian intento de inculpar a joven recluso tras fuga en “El PRE” de Santa Clara.
La denuncia de que se intenta culpar a un joven recluso por la reciente fuga de otro preso en la prisión provincial de Santa Clara, conocida como “El PRE” o “El Prevero”, domina hoy el relato público del caso y pone bajo sospecha la actuación de custodios y mandos. La alerta, difundida por la página Nio reportando un crimen, sostiene que mientras el evadido fue identificado como Luis Enrique Jobas, alias El Kiki, las autoridades habrían apartado del foco a quienes facilitaron la huida para incriminar a un interno sin vínculos con el escape.
Según esa misma denuncia, la evasión ocurrió el sábado 4 de octubre en horas de la mañana, alrededor de las 6:50 a.m., pero no fue reportada oficialmente hasta después de las 4:00 p.m., cuando se realizó el conteo general en la cárcel. La brecha de casi nueve horas alimenta las sospechas de una operación planificada. Versiones internas citadas por la publicación hablan de un presunto soborno “millonario” a varios oficiales, con roles específicos y pagos diferenciados, en una cadena que habría permitido abrir accesos y sacar al recluso del perímetro.
En el centro de la polémica está Luis Enrique González Martínez, de 25 años y natural de Placetas, quien cumplía sanción en el área militar del penal y se encargaba de repartir los almuerzos a otros internos. De acuerdo con lo reportado por Nio, fue trasladado sin explicación a dependencias de la Seguridad del Estado y permanece incomunicado desde el día de la fuga. Su esposa, Dayluis González, denunció que su marido “no tiene nada que ver con eso” y expresó temores por su integridad, al asegurar que él le dijo que prefería morir antes que estar en el lugar donde lo mantienen retenido.
Los relatos de custodios consultados por la página de denuncias se contradicen. Un guardia asegura que El Kiki “brincó el muro”; otro oficial del Orden Interior sostiene que todo ocurrió durante el horario de almuerzo. La jefatura del penal, según la versión difundida, habría confirmado a la familia del joven que las llaves del acceso principal estaban bajo control de los guardias, por lo que un recluso como González Martínez no podía tener acceso a ellas. Ese detalle es clave para sostener que la fuga solo pudo consumarse con ayuda interna, o como consecuencia de un descuido y falta de profesionalidad de parte de los oficiales del MININT.
Las cifras divulgadas por la plataforma La Tijera News, retomadas en la denuncia de Nio, describen una supuesta distribución de dinero en pesos cubanos equivalente a “miles de dólares” para abrir puertas y asegurar el transporte: montos que la publicación asocia al guardia con las llaves del acceso principal, a un custodio interno y al conductor del vehículo de escape. Aunque los números han sido objeto de debate en la conversación pública, el patrón que se señala apunta a una red de corrupción en el sistema penitenciario.
La familia de González Martínez exige su liberación inmediata y responsabiliza a las autoridades por cualquier daño físico o psicológico que pueda sufrir. El llamado se acompaña de un reclamo más amplio: investigar a fondo la cadena de custodia, preservar las evidencias —incluidas cámaras y registros de movimiento— y deslindar responsabilidades de quienes tenían control real sobre accesos y llaves. En paralelo, la comunidad en redes pregunta por qué no se ha ofrecido una explicación oficial coherente sobre los horarios, los protocolos y las medidas adoptadas tras la fuga.
Mientras crece la presión ciudadana, el expediente se carga de interrogantes elementales: quién abrió qué puerta, a qué hora, por orden de quién y con qué supervisión. Si la historia termina probando que hubo sobornos y chivos expiatorios, el caso de “El PRE” será algo más que una fuga: quedará como prueba de un sistema que, sin controles efectivos, castiga a los vulnerables y deja intactos a los que realmente manejan las llaves.
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