La Policía detuvo en la ciudad de Matanzas a Williams Fundora Aldazábal, acusado de atacar con un arma blanca a su expareja de 43 años por “motivos pasionales”, un hecho investigado como tentativa de asesinato. Según la página oficialista Con Todos La Victoria, el agresor fue arrestado en el Consejo Este y la víctima recibió atención médica inmediata por lesiones graves. La publicación, luego corregida por error de imagen, detalla que el sospechoso fue trasladado a una unidad policial para responder por el delito.
El caso ocurre en la misma provincia donde, horas antes, Yamila Zayas, madre de tres niñas, fue asesinada a puñaladas presuntamente por su pareja en la localidad de Torriente (municipio Jagüey Grande). El crimen —difundido por el medio independiente La Tijera y replicado por portales de noticias— desató una ola de indignación vecinal y pedidos de justicia.
noticia relacionada: Madre de tres niñas es asesinada a puñaladas por su pareja en Jagüey Grande
Estas agresiones se inscriben en una tendencia ascendente documentada por observatorios independientes. El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) reportó 30 feminicidios verificados entre enero y el 17 de septiembre de 2025; días después, nuevas verificaciones elevan la cifra. La agencia EFE —a partir de registros de OGAT y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC)— informó este 30 de septiembre que el total subió a 32 casos en lo que va de año.
Los reportes de OGAT y YSTCC han identificado asesinatos recientes en Holguín y Matanzas, con víctimas como Dayli Villa Ortiz y Yolennis Rojas Rojas, mientras alertan sobre intentos de feminicidio y desapariciones con posibles desenlaces fatales. Las organizaciones enfatizan que la falta de una ley integral contra la violencia de género y la opacidad estadística limitan la prevención y la respuesta institucional.
En Matanzas, el intento de feminicidio atribuido a Fundora Aldazábal ha generado comentarios encontrados en redes: desde llamados a penas más severas hasta testimonios de vecinos que aseguran “conocer al muchacho” y piden no generalizar, reflejo de una comunidad que oscila entre la empatía por la víctima y la racionalización del agresor. Más allá del ruido, el dato duro es que los ataques de pareja o expareja siguen siendo el patrón dominante en estos crímenes, según los observatorios.
Especialistas y activistas advierten que los feminicidios y sus tentativas no son hechos aislados, sino parte de un fenómeno estructural atravesado por desigualdades, escasos refugios y protocolos incompletos. En paralelo, el mapeo regional de femicidios en América Latina —que nutre iniciativas como el Mapa Latinoamericano impulsado por organizaciones civiles— subraya que los registros independientes permiten dimensionar la crisis cuando los datos oficiales son insuficientes.
Gran parte de la responsabilidad – sino casi toda – la tiene el Estado y sus organismos encargados de lidiar con esta pandemia de asesinatos feminicidas, por insistir – entre otras cosas – en llamar “problemas pasionales” a una agresión machista, lo cual no es inocente ni costumbrista: es encubridor.
La terminología que siguen usando páginas oficialistas y comunicadores afines —y que reproducen partes de la propia Policía— minimiza el delito, borra la dimensión de género y perpetúa la idea de pleito doméstico entre “dos iguales”. En 2025, ese eufemismo es anacrónico y contrario a los estándares internacionales: en Cuba, además, se combina con la negativa del aparato estatal a reconocer con rigor el feminicidio como fenómeno estructural y a legislarlo de forma integral. Los propios observatorios independientes llevan años documentando ese vacío: OGAT y Yo Sí Te Creo en Cuba insisten en que el subregistro oficial y la falta de una ley específica limitan la prevención y la respuesta institucional.
Ese marco cultural y lingüístico se traduce en prácticas: inacción o trato negligente ante denuncias de violencia. Caso reciente: la periodista cubana Claudia Rafaela Ortiz expuso públicamente que, tras presenciar una brutal agresión en Centro Habana, en la estación de Zanja la Policía se negó a recibir la denuncia, a pesar de la gravedad de los hechos y de la obligación legal de actuar.
Su testimonio, que incluye imágenes y narración de lo ocurrido, fue recogido por varios medios. No es un episodio aislado: organizaciones y prensa independiente llevan tiempo alertando de negativas, dilaciones y falta de debida diligencia en comisarías. Cuando el sistema llama “pasional” a la violencia y simultáneamente cierra la ventanilla a las víctimas, el resultado no es otra cosa que más riesgo y más impunidad.
Mientras tanto, los datos que se alcanzan a verificar fuera del circuito oficial muestran una crisis persistente: OGAT y YSTCC reportan decenas de feminicidios en lo que va de año, con actualizaciones que ya sitúan la cifra por encima de 30, y patrones reiterados de agresores pareja/expareja. Nombrar bien las cosas —violencia machista, feminicidio, tentativa de feminicidio— no es semántica: es política pública. Mientras la narrativa estatal siga rebajando crímenes a “celos” o “pasiones”, y la primera respuesta policial sea el portazo, el país seguirá sumando víctimas.
