El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha reconfigurado el debate migratorio en Estados Unidos, no solo en los pasillos del Congreso, sino también en la vida diaria de millones de personas. El endurecimiento de las redadas, los vetos de visado y el discurso oficial han colocado al país en un escenario donde la economía y la política chocan de frente. Las consecuencias empiezan a sentirse en los campos de cultivo, en las obras de construcción, en las cocinas de los restaurantes y hasta en los mostradores de los aeropuertos.
En este contexto, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar volvió a poner el dedo en la llaga durante el Día del Trabajo.
La exfigura del periodismo y conocida por su defensa a los inmigrantes a pesar de ser una republicana de pura cepa, reconoció que los hispanos son los que “nos dan de comer”, invisibles pero indispensables en sectores como la agricultura y los servicios.
Su llamado no fue aislado: desde hace tiempo impulsa la llamada “Ley Dignidad”, que busca ofrecer un camino de regularización a millones de indocumentados a cambio de responsabilidades fiscales y mayores controles fronterizos. Su voz representa una corriente minoritaria dentro del Partido Republicano, que intenta conciliar el reconocimiento a los trabajadores migrantes con la exigencia de orden y legalidad.
Mientras tanto, los datos hablan por sí solos.
Según cifras del Pew Research Center, más de un millón de inmigrantes han desaparecido de la fuerza laboral en lo que va de 2025.
Las redadas del ICE, justificadas en nombre de la seguridad, han dejado cosechas sin recoger, proyectos de construcción paralizados y restaurantes incapaces de cubrir turnos, destaca la agencia AP.
La paradoja es evidente: mientras el gobierno proclama que “los empleos son ahora para los estadounidenses”, empresarios en California, Texas y Nueva York denuncian pérdidas millonarias por falta de mano de obra. El impacto alcanza incluso al sector de cuidados de salud, donde cerca de la mitad de los auxiliares son inmigrantes y cuya ausencia amenaza a miles de familias.
El golpe no se queda en el mercado laboral. El turismo internacional, que durante décadas fue un motor de la economía estadounidense, atraviesa su peor momento en años. Ciudades fronterizas como Buffalo y destinos icónicos como Las Vegas, Los Ángeles o Washington reportan una caída significativa de visitantes extranjeros, según reseña en otra nota la misma agencia AP.
Las restricciones de visado, la retórica hostil y la percepción de un país poco hospitalario han disuadido a millones de viajeros. Según la firma Tourism Economics, la llegada de turistas internacionales caerá un 8,2% en 2025, con pérdidas de hasta 23.000 millones de dólares y más de 200.000 empleos en riesgo.
No deja de ser curioso el mensaje elaboradísimo de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que para contrarrestar los datos sobre escasez de mano de obra publicó en su cuenta de X una felicitación por el Día del Trabajo cargada de cifras llamativas. En él aseguró que “el 100 % de los nuevos empleos ha ido a ciudadanos estadounidenses” y que “2,5 millones de personas han vuelto a trabajar desde enero”. También añadió que bajo Biden el 88 % de los nuevos puestos había beneficiado a trabajadores nacidos en el extranjero y que las reformas del DHS habían ahorrado más de 13.200 millones de dólares a los contribuyentes.
El problema es que, aunque el comunicado oficial del DHS respalda esas cifras y algunos análisis independientes confirman que en la primera mitad de 2025 el aumento neto de empleo sí favoreció a trabajadores nacidos en EE. UU., la realidad económica muestra un cuadro mucho más complejo. El número de empleos no refleja la productividad perdida ni los vacíos que dejaron los inmigrantes en sectores esenciales. Y en cuanto al “ahorro” de 13.200 millones, se trata de una estimación elaborada por el propio departamento, sin auditoría externa que la valide.
En otras palabras, la aritmética política de Noem funciona bien en un tuit usando como fuente un comunicado del propio departamento que ella dirige, pero no explica por qué hay cosechas que se pierden en el campo, hoteles sin personal suficiente o ciudades turísticas que reportan pérdidas millonarias.
Los efectos combinados, a tenor de lo que pueda decir ella, dibujan un panorama inquietante. Por un lado, la economía se resiente en sectores que dependen de la mano de obra inmigrante. Por otro, la imagen del país como destino abierto y atractivo se erosiona en el escenario global. Entre tanto, voces como la de Salazar insisten en que no se puede seguir ignorando el aporte de quienes trabajan en silencio para sostener la vida cotidiana.
El dilema de fondo trasciende la coyuntura: ¿cómo conciliar la seguridad fronteriza con la necesidad económica y humana de los inmigrantes? De la respuesta a esa pregunta dependerá no solo la política migratoria de esta administración, sino también el rumbo económico de la nación en los próximos años.
