En menos de una semana, Cienfuegos y Sancti Spíritus quedaron marcadas por tres episodios de violencia: una denuncia de presunto maltrato infantil, el feminicidio confirmado de la enfermera Rosy Ferrer y un asesinato en Trinidad aún sin esclarecer. La ciudadanía fue la primera en reportar los hechos, mientras las instituciones continúan reaccionando tarde frente a una crisis de inseguridad que crece en silencio.
Con el testimonio de los empleados y del propio residente agredido, la policía terminó trasladando a Osvaldo Nieves al Jackson Memorial Hospital para una revisión médica y luego al centro de detención del condado. Los registros carcelarios muestran que enfrenta un cargo de agresión agravada contra una persona de 65 años o más, un delito especialmente grave en Florida. Su fianza fue fijada en 7 500 dólares.
En menos de 24 horas, tres ataques con arma blanca en distintos puntos de Miami-Dade —una fiesta que terminó en sangre, una mujer acuchillada dentro de un restaurante y dos víctimas más en Homestead— dejaron la sensación de una ciudad donde la violencia estalla en cualquier esquina. Las investigaciones siguen abiertas, pero la impresión pública es clara: las puñaladas están marcando el pulso de la crónica diaria.
Un sacerdote de 72 años en Miami fue arrestado luego de que una discusión con una mujer que dejaba donaciones en la iglesia terminara en forcejeos, daños al vehículo y acusaciones de agresión. La víctima, con antecedentes cardíacos, debió ser hospitalizada; el párroco quedó en licencia administrativa.
En La Habana Vieja una vieja deuda de sangre se cobró a plena luz del día, frente a todos, y reforzó la idea de que, en muchos barrios de la capital, la vida vale cada vez menos y la violencia se ha convertido en un lenguaje habitual.
Según el reporte policial, la víctima fue sorprendida por dos hombres identificados como Jairo Morales, de 21 años, y su hermano Jacob Morales, de 26. Los agentes de Sweetwater detallan que lo golpearon y le arrancaron las joyas que llevaba encima, valoradas en unos 3 000 dólares, antes de salir corriendo hacia el estacionamiento. Allí los esperaba un BMW X6 blanco modelo 2025, donde estaban los otros dos presuntos cómplices: Cherry Gómez, de 28 años, y Bastián Rojas, de 25.
Según el informe policial citado por medios locales como Local 10 News y Law & Crime, la mujer relató que se encontraba en la acera con su hijo cuando Larrea Díaz, que llevaba una mochila, se les acercó y sacó un objeto que describió como “un cuchillo largo de color marrón”. En ese momento, el hombre la amenazó directamente: “¿Dónde está tu esposo? Te voy a cortar el cuello a ti y a tu hijo”, habría dicho en español, de acuerdo con el reporte.
De ser hallado culpable de los cargos más graves —que en algunos relatos fiscales incluyen amenaza escrita y conspiración— el músico enfrenta penas que van desde varios años de prisión hasta posibles condenas de máximo término bajo las leyes de Florida para amenazas de muerte y delitos conexos, según el pliego adelantado por la fiscalía.
Más allá de las versiones y los juicios inmediatos, el caso refleja una grieta más profunda. La combinación de marginalidad, descomposición social y respuestas institucionales torpes parece empujar a los más jóvenes a los bordes de la violencia, mientras el Estado responde desde la represión y no desde la prevención.
Los relatos, compartidos como publicaciones y fotografías, combinan descripciones médicas, testimonios de vecinos y reclamos por la inacción de las autoridades locales, y llegaron acompañados de un clamor por justicia que se repite en los comentarios.
La casa de Mailyn es un pasillo de mensajes, llamadas y portazos al silencio. Ella pide que, si alguien ve el carro rojo o sabe algo de Alexander Aguilera Becerra, avise. Pide, en el fondo, lo mismo que pide todo pariente que no encuentra: acción. Rastros en cámaras, llamadas invertidas, consultas a talleres y parqueos, visitas a hospitales y policlínicos. Y pide, también, lo que solo puede darle la policía: una investigación que empiece ya, que comunique cada paso y que no se oculte tras la palabra “esperar”.
Mientras la familia de Yamila Zayas exige justicia y tres niñas quedan huérfanas, el intento de asesinato en la capital yumurina evidencia que la prevención temprana, las órdenes de protección, los canales de denuncia y la transparencia no pueden seguir esperando. Con 32 feminicidios verificados en 2025 y casos en curso como el de Matanzas, la urgencia es ineludible: proteger a las víctimas y cerrar el paso a la impunidad.
