En Cuba, denunciar una desaparición sigue siendo un acto más efectivo en Facebook que en una estación de policía. Y ese hecho, más que una simple tendencia, es un síntoma profundo del colapso de la capacidad estatal para proteger a su gente.
Los casos aquí reunidos, denunciados por los activistas e informadores cubanos Niover Licea y José Luis Tan Estrada, forman un mismo cuadro, aunque sucedan en provincias distintas y con actores distintos. En el servicio militar de un muchacho de 18 años, en los pasillos de Taco Taco, en la Prisión Pendiente de Santa Clara, en la cárcel de Panamá en Güines, en el cuerpo de guardia pediátrico de Cienfuegos y en la sala donde un anciano esperó una ambulancia, se repiten palabras como abuso, abandono, extorsión, castigo, silencio. Y se repiten, también, los nombres de quienes deberían responder: jefes de prisión señalados como Yurianis Spek, Ángel Figueroa "Redondeaow", Islander Laffita Turro y el primer teniente Fabelo, amparados, según denuncias, por superiores como Carlos Quintana y Juan Ramón Castillo. La exposición de esos rostros no es un acto de venganza: es una forma de registro público cuando las vías institucionales fallan o se cierran.
De momento, todo apunta a un episodio donde el rumor corre más rápido que la información oficial. Lo responsable, para las autoridades, sería aclarar si se trata de ejercicios rutinarios, actualización de expedientes o algo más. Y para los convocados, exigir por escrito el motivo, la duración y el estatus de la citación. En un país exhausto por apagones y carencias, cualquier insinuación de “movilización” tiene un eco político y emocional difícil de contener.
