Más allá de las cifras y las sanciones, el programa insistió en algo que resuena con fuerza: el daño a la confianza pública. “La ley del presupuesto tiene fuerza de ley. Y lo que está en juego es el dinero del pueblo, no un fondo privado que se puede mover por capricho”, dijo el conductor Humberto López en su monólogo final. La vergüenza pública, advirtió, tiene un rol disuasivo que debe jugarse con cordura, pero sin concesiones.
Los análisis y resultados de estas auditorías han sido presentados a los directivos del Ministerio del Comercio Interior (Mincin), a los gobiernos provinciales y municipales, y a las empresas y entidades de base. Se han impuesto sanciones que varían entre dos y 22 años de privación de libertad, dependiendo de la responsabilidad en los hechos probados.
Este caso se convirtió en un símbolo del desprestigio social y la corrupción, contrastando marcadamente con los esfuerzos simultáneos del país en la lucha contra la COVID-19.
