Bukele podrá seguir diciendo que convirtió a El Salvador en el país más seguro del hemisferio. Trump podrá seguir vendiendo mano dura en campaña. Pero ambos están mostrando que, cuando el show necesita víctimas, no importa cuán legal o ilegal sea su sacrificio.
El fallo, emitido por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, detiene provisionalmente la orden de la jueza federal Paula Xinis, quien había dado hasta la medianoche del lunes 7 de abril para “facilitar y efectuar” el retorno de Kilmar Abrego García, un migrante salvadoreño deportado erróneamente a El Salvador. Esta decisión permite que la administración Trump, a través del Departamento de Justicia, continúe argumentando que los tribunales no pueden obligar al Ejecutivo a actuar en el ámbito de la diplomacia internacional.