el fiscal general del estado, James Uthmeier, ha propuesto transformar un aeropuerto abandonado en pleno corazón de los Everglades en un nuevo centro de detención para inmigrantes, al que ya bautizó con el inquietante apodo de "Alligator Alcatraz" (el Alcatraz de los caimanes).
Por ahora, el mensaje desde Washington es claro: las redadas continuarán, se intensificarán y serán priorizadas, a pesar de toda resistencia política y social.
Miami ha decidido participar en el programa 287(g) de ICE a pesar de la intensa protesta pública, pero limitando la intervención a un pequeño grupo policial bajo supervisión federal. El acuerdo se enmarca en una estrategia más amplia del estado para integrar agencias locales en el control migratorio. A la vez, este giro administrativo se produce en el contexto de una serie de reformas locales que incluyen límites a los mandatos y sincronización electoral. Mientras todo esto ocurre, los legisladores federales, como Giménez, centran su atención en las condiciones carcelarias, buscando equilibrar el cumplimiento de la ley con el respeto por los derechos humanos.
En resumen, la estrategia de ICE parece estar en dos frentes: las cortes y la calle. Pero el mensaje es uno solo: nadie está a salvo, ni en el estrado, ni en el Home Depot.
Mientras ICE publica un desfile diario de presuntos delincuentes, las cifras internas y los testimonios en el terreno muestran otra cosa: una campaña masiva de detención que arrastra por igual a criminales, trabajadores sin antecedentes y personas en procesos legales. Una política que, como han señalado seis congresistas republicanos, “desvía recursos limitados” y pone en riesgo la verdadera prioridad: atrapar a terroristas y operativos de carteles.
La “cacería” de ICE no se ha detenido; simplemente se ha desplazado de sectores protegidos hacia la construcción. Los índices, declaraciones y testimonios indican que miles de proyectos están en riesgo, los costos se disparan y los trabajadores viven bajo presión constante. Mientras no haya una moratoria concreta o una reforma migratoria que integre a la construcción, este conflicto estructural continuará erosionando la recuperación económica, la oferta de vivienda y el sustento de miles de familias que, más allá de su estatus legal, sostienen el progreso físico del país.
