Este acto se suma a los diarios hechos de violencia que sacuden el país en medio de la grave crisis económica y epidemiológica y que apenas son reflejados en la prensa oficial
Tras el parto, madre e hija fueron trasladadas al Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos. El doctor Manuel López Fuentes explicó que se trataba de una niña prematura, pero que llegó en buen estado general. “Nunca habíamos tenido un caso así. La bebé pesó 2200 gramos. Prematura de 34 semanas. Pero llegó estable. Hicimos estudios complementarios y todo normal. La observamos casi 24 horas completas y al siguiente día pasó junto a su mamá”, declaró.
No se trata de sacrificar el turismo sino de mover piezas con inteligencia. El Estado puede y debe sacrificar una parte acotada de su planta, priorizando lo ocioso y lo cerrado, combinando alojamiento temporal con la rotación de inventarios y la reconversión de inmuebles públicos. El beneficio social inmediato, el ahorro presupuestario y la reducción de daños sanitarios justifican con creces el desgaste adicional y el pequeño coste de oportunidad. Y si se hace con reglas, plazos y cuentas a la vista, ni el turismo se colapsa ni la gente sigue durmiendo en el suelo.
La figura de Díaz-Canel, que nunca llegó a despertar entusiasmo genuino, parece ahora el punto de convergencia del hartazgo. La torpeza de su respuesta a la anciana no es una anécdota, sino un símbolo: en la Cuba del 2025, el poder habla sin escuchar y pretende empatía con discursos mientras el pueblo exige hechos.
No son casos aislados, sino escenas de una misma película: una sociedad agotada, donde sobrevivir se ha vuelto deporte de alto riesgo y donde, demasiadas veces, el enemigo no está solo en el poder ni en las medidas externas, sino también en el vecino que vende agua por aceite o en el primo que se esfuma con el dinero prestado.
Nada de lo que pueda decir el oficialismo sobre cargamentos de ayuda logran borrar el contraste entre los anuncios y escenas como estas: una madre en Holguín pidiendo solo comida para cuatro niños, una anciana tirada sobre un amasijo que debería ser un colchón, comunidades enteras aún esperando algo tan básico como una cama y un techo seco.
Tras el azote del huracán Melissa por el oriente de Cuba, el país se mueve en dos planos que parecen no tocarse. En uno, la ONU anuncia un plan de 74,2 millones de dólares y aterriza en Santiago de Cuba con 4,375 lonas para hogares sin techo. En otro, madres como Yurisleidis Remedios se graban desde barrios de Santiago para denunciar que “nos estamos muriendo de hambre”, que las morgues “están colapsadas” y que, pese a las donaciones anunciadas, en sus neveras no hay nada y en sus cocinas solo queda leña.
La discusión no promete apagarse rápido. En una época en que las redes funcionan como arena pública, el episodio sirve para poner en primer plano un viejo debate que vuelve con energías renovadas: qué historias contamos, quiénes las cuentan y con qué autoridad. Mientras tanto, la grabación circula, se comparte y se analiza, y la influencer —que en otros momentos ha cosechado aplausos por contenidos menos polémicos— enfrenta ahora la tarea de explicar si hablaba en serio, en broma o, acaso, si supo medir las consecuencias de su propia retórica.
Baracoa sufre una nueva crecida del río Miel: barrios anegados, viviendas afectadas y denuncias por falta de evacuación. Vecinos piden acciones urgentes.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y otros altos cargos informaron al presidente sobre las opciones militares para los próximos días, dijeron las fuentes.
Según detalló Martí Noticias, la Fiscalía de los distritos Medio y Sur de Florida lo acusa de fraude y uso indebido de visados y otros documentos, así como de proporcionar información falsa a una agencia federal. Una acusación que tiene todo el sustento del mundo porque, en su solicitud de ajuste de estatus (para obtener la residencia permamente en los Estados Unidos), y que fue presentada en abril de 2025 por González-Pardo, este aseguró que nunca había recibido entrenamiento militar ni con armas, ni pertenecido a grupos armados, ni servido en unidades militares o policiales, pese a haber sido piloto de combate de la DAAFAR entre 1980 y 2009.
Si la familia de Arley nunca fue notificada oficialmente de su detención o traslado, ese hecho se inscribe en un panorama en el que la opacidad de ICE ya es objeto de queja sistemática. Y si él prefirió no avisar para preservar su integridad o la de sus seres queridos, entonces el sistema falló en proteger el derecho mínimo de comunicación y asistencia legal. En ambos escenarios la conclusión es la misma: falta de transparencia y derechos vulnerados.
