Las condiciones de trabajo descritas en el informe son duras: ausencia de herramientas adecuadas, falta de equipos de protección, ausencia de descansos y riesgo constante de lesiones graves. Muchos entrevistados aseguraron haber sido obligados a trabajar a pesar de padecer enfermedades crónicas o discapacidades. Además, el informe denuncia que afrodescendientes y mujeres están sobrerrepresentados entre las víctimas, y que en el caso de estas últimas las formas de violencia incluyen abusos sexuales.
La nueva ley tendría prevalencia en actores de la sociedad cubana como periodistas independientes, activistas y disidentes a quienes hasta ahora el régimen se ha encargado no solo de perseguir e interrogar, sino de desacreditar a través de campañas públicas, las cuales argumentan que estas personas son financiadas con fondos internacionales destinados al cambio de gobierno en el país.
