Dos desapariciones sacudieron Miami esta semana, pero con desenlaces opuestos: mientras la policía busca urgentemente a Salvador Pino, un anciano de 76 años extraviado en Little Havana, otro caso reveló un crimen. Saúl García, quien reportó que su pareja había “desaparecido”, fue arrestado y acusado de homicidio después de que los detectives hallaran el cuerpo de la mujer en un canal y desmontaran su versión con datos de celulares y cámaras de seguridad.
El caso ha generado una rápida reacción pública en El Paso, donde organizaciones que acompañan a migrantes advierten desde hace años sobre el “peaje” de la deuda con los traficantes, un mecanismo que transforma la vulnerabilidad en servidumbre. La narrativa que emerge del sumario —una mujer sin redes de apoyo, presionada a “pagar” mediante sexo— coincide con patrones que las autoridades federales han documentado en la frontera. Aunque por ahora rige la presunción de inocencia para los detenidos, los indicios descritos en las declaraciones juradas apuntan a un funcionamiento sostenido de la red, con roles definidos y uso de hoteles, intermediarios y transferencias para ocultar beneficios.
Un video que apareció en las "redes cubanas" que mostraba a una mujer en Ceballos, Ciego de Ávila, golpeando con una vara a su hija de unos diez años, provocó una indignación inmediata en todo el que lo vio. Y si eso fue triste... en Miami, dos historias distintas convergían en tiempo en el mismo problema.
De cara a la audiencia del 28 de octubre, la defensa de Yusleidy Alamo Valdés podrá evaluar posibles acuerdos con la fiscalía o ir a juicio si lo considera pertinente. En casos de “Battery (Touch or Strike)”, la resolución puede oscilar entre desestimaciones, programas alternativos, acuerdos de culpabilidad o, si procede, condenas con sanciones que van desde multas hasta períodos de probación y, en ciertos supuestos, cárcel. Hasta entonces, rige la presunción de inocencia.
La inmensa mayoría de los cubanos en EE.UU. respeta la ley y trabaja por salir adelante. Pero también es cierto que cada agresión contra un agente —o un crimen de alto impacto— deja huellas en políticas, presupuestos y relaciones con las comunidades. Incluso, la semana pasada, Trump se pronunció sobre el caso del cubano en Texas.
Cuatro hombres (jóvenes todos, de origen hispano) fueron detenidos en Miami-Dade tras, presuntamente, montar un choque para cobrar seguros. El caso, revelado por CBS...
crecen las protestas contra el centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, las autoridades locales siguen registrando arrestos de ciudadanos cubanos en distintas localidades del suroeste del estado.
La frontera entre justicia y arbitrariedad sigue difusa, marcada por los contextos nacionales, los sistemas judiciales y las decisiones migratorias de cada país.
Por ahora, el mensaje desde Washington es claro: las redadas continuarán, se intensificarán y serán priorizadas, a pesar de toda resistencia política y social.
El caso más reciente involucra a un hispano, Rodrigo Mendizabal, de 29 años, quien fue arrestado bajo el cargo de asalto con arma de fuego a una persona mayor de 65 años. Según el reporte policial, un hombre pasaba por una casa en North Miami Beach y pidió permiso para recoger algunos mangos. Le dijeron que podía tomar dos o tres, pero aparentemente tardó demasiado en irse.
Mientras ICE publica un desfile diario de presuntos delincuentes, las cifras internas y los testimonios en el terreno muestran otra cosa: una campaña masiva de detención que arrastra por igual a criminales, trabajadores sin antecedentes y personas en procesos legales. Una política que, como han señalado seis congresistas republicanos, “desvía recursos limitados” y pone en riesgo la verdadera prioridad: atrapar a terroristas y operativos de carteles.
