Miami ha decidido participar en el programa 287(g) de ICE a pesar de la intensa protesta pública, pero limitando la intervención a un pequeño grupo policial bajo supervisión federal. El acuerdo se enmarca en una estrategia más amplia del estado para integrar agencias locales en el control migratorio. A la vez, este giro administrativo se produce en el contexto de una serie de reformas locales que incluyen límites a los mandatos y sincronización electoral. Mientras todo esto ocurre, los legisladores federales, como Giménez, centran su atención en las condiciones carcelarias, buscando equilibrar el cumplimiento de la ley con el respeto por los derechos humanos.
