En plena resaca por la condena a cadena perpetua del exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, empiezan a aparecer señales de “sacudidas” en estructuras provinciales que, para muchos cubanos, suenan menos a limpieza a fondo y más a maniobra de control de daños. Mientras el Gobierno presenta el caso Gil como prueba de una supuesta “tolerancia cero” a la corrupción, en el terreno la percepción es otra: lo que se está viendo es la punta de un iceberg que atraviesa ministerios, empresas, gobiernos locales y hasta el sistema de justicia.
En Cienfuegos, en días pasados, la plataforma NiO Reportando Un Crimen difundió reportes ciudadanos según los cuales habrían sido separados de sus cargos el director provincial de Comunales y otro funcionario identificado como el “Onder”, en un movimiento descrito como repentino y ligado, de manera extraoficial, al escándalo que involucra a Gil.
Trabajadores y vecinos citados en esas denuncias hablan de un “fuerte movimiento” dentro de la estructura administrativa provincial, sin que hasta ahora exista confirmación pública de las autoridades locales o nacionales. La versión que circula es la de una “depuración interna” conectada con la caída del exministro, pero por el momento se trata de informes preliminares que parten de fuentes anónimas y publicaciones en redes sociales.
Más allá del dato puntual de quién fue separado de qué cargo, lo que destapan los comentarios de los cienfuegueros es una sensación de corrupción extendida desde hace años. Usuarios que reaccionaron a la noticia hablan de “mansiones, negocios y condominios” vinculados a dirigentes, de una ciudad que “se cae a pedazos” mientras algunos cuadros disfrutan de privilegios, y de denuncias reiteradas que, aseguran, fueron ignoradas hasta que el caso Gil obligó a mover fichas. Otros señalan a empresas como Comunales y la empresa eléctrica, a las que acusan de mala gestión y uso discrecional de recursos, en una provincia marcada por apagones y deterioro visible del entorno urbano.
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En el extremo oriental del país, en Guantánamo, la historia se escribe desde dentro del sistema de justicia. La página La Tijera News reportó la destitución de la directora provincial de Justicia, Gisellis Reyes García, tras una investigación interna desarrollada durante meses y encabezada por la viceministra de Justicia, Pilar Varona.
Según esa versión, la pesquisa habría detectado apropiación indebida de bienes estatales –equipos electrodomésticos sacados de la institución y encontrados en su vivienda–, así como la desaparición de un automóvil Hyundai Atos y dos motocicletas que nunca pasaron por los trámites oficiales de baja técnica y habrían sido “legalizados” como propiedad privada mediante un esquema de piezas y partes.
Quizás el elemento más reconocible para la ciudadanía sea la venta ilegal de turnos en notarías y registros civiles, una práctica denunciada por años, que pone precio en divisas o favores a un servicio que en teoría debería ser público, accesible y reglado. Los comentarios a la publicación apuntan a lo mismo: “Eso pasa en todo el país”, “no es solo Guantánamo”, “si revisan notaría por notaría, no queda títere con cabeza”. El caso, presentado como un escándalo particular, funciona en realidad como confirmación de que las distorsiones de acceso a la justicia y a los servicios legales forman parte de una economía sumergida que afecta a quienes no tienen dólares ni contactos.
Mientras el Gobierno se aferra al caso Gil como ejemplo máximo de castigo, las reacciones desde provincias como Cienfuegos y Guantánamo recuerdan que, a los ojos del ciudadano común, el problema no se resuelve con un gran culpable en La Habana y un par de “cabezas cortadas” en los territorios. Lo que describen vecinos, trabajadores y usuarios de redes sociales es un entramado donde la corrupción es parte del funcionamiento diario de la administración pública: desde quienes venden turnos y certificaciones hasta quienes usan la estructura del Estado para enriquecerse de forma silenciosa durante años.
En ese contexto, las destituciones recientes se leen menos como una ruptura de época y más como una operación de contención política: la exhibición ejemplarizante de un exministro caído en desgracia y de algunas figuras intermedias, mientras el sistema que hizo posible sus conductas permanece intacto.
