La jueza de distrito Indira Talwani, en Boston, Massachusetts, ordenó este miércoles reanudar el procesamiento del programa de parole humanitario, que ha permitido la entrada legal de más de 434.000 migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití a Estados Unidos.
Talwani mandó a impedir temporalmente que la administración de Donald Trump suspendiera varios programas de libertad condicional implementados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) durante el gobierno de Joe Biden.
La decisión, tomada por la magistrada Indira Talwani, impide temporalmente que el DHS detenga la tramitación de solicitudes mientras se resuelve una demanda colectiva en curso que cuestiona la legalidad de la medida impulsada por el nuevo gobierno.
El fallo se produce después de que el presidente Trump firmara, el 20 de enero de 2025, una orden ejecutiva instruyendo al DHS a eliminar los programas de parole categórico implementados bajo la administración Biden.
El mismo día, el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, ordenó la suspensión inmediata de las solicitudes de migrantes acogidos al programa, alegando que el uso del parole debía ser “caso por caso” y no en función de criterios generales.
Ahora, la orden deja claro al Gobierno federal que no puede pausar ni retrasar el procesamiento de estas solicitudes, y que los beneficiarios están protegidos de sufrir daños irreparables que se pueden derivar de la pausa o la cancelación de este parole.
Talwani rechazó la afirmación de la actual administración de que la finalización de los programas se encontraba dentro del amplio margen de discreción de las agencias para dirigir la política migratoria.
La ley federal aún exige que las agencias sigan un largo proceso para otorgar o denegar la libertad condicional y otras ayudas migratorias, escribió Talwani, designada por el expresidente demócrata Barack Obama.
En abril, la propia Talwani impidió que se revocara el estatus legal temporal de cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en Estados Unidos, aunque la administración ha solicitado a la Corte Suprema que suspenda esa decisión a la espera de una apelación.
La decisión se produjo en el marco de una demanda que impugna la suspensión del procesamiento de solicitudes de migrantes ucranianos, afganos, cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que ya han obtenido dicho estatus.
