El gobierno de Estados Unidos admitió que en el centro migratorio de los Everglades, conocido popularmente como “Alligator Alcatraz”, se encuentran retenidas personas que no han pasado aún por un proceso formal de deportación. Esta confirmación contradice directamente al gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien había declarado que todos los internos del complejo tenían órdenes finales de expulsión.
De acuerdo con documentos citados por la agencia Associated Press, abogados del Departamento de Justicia (DOJ) informaron a un tribunal que la instalación aloja a migrantes en “diferentes fases del procesamiento migratorio”. Esto abarca desde individuos que nunca han sido incluidos en un procedimiento de remoción, hasta aquellos con órdenes definitivas pendientes de ejecución.
“La instalación alberga detenidos en todas las fases: quienes nunca han estado en procesos de deportación, quienes serán colocados en ellos, los que ya tienen órdenes finales y los que esperan su salida del país”, detalla el escrito del DOJ.
Las declaraciones ponen en entredicho lo sostenido por DeSantis, quien en varias comparecencias insistió en que “todos los detenidos en Alligator Alcatraz han sido ya ordenados a ser removidos del país”. El gobernador incluso reiteró esa postura en una conferencia de prensa realizada frente al propio centro.
La controversia se enmarca en una demanda presentada por organizaciones de derechos civiles, que denuncian que los internos no tienen un acceso adecuado a representación legal, lo cual vulneraría garantías constitucionales.
Según el DOJ, la diversidad de estatus migratorios entre los internos complica además la posibilidad de tramitar la demanda como un caso colectivo.
El complejo, levantado en una antigua pista aérea en medio de los Everglades, abrió sus puertas en julio bajo supervisión del estado y con operación de contratistas privados. Desde entonces, ha enfrentado tres demandas federales: una por violaciones a derechos civiles, otra por daños ambientales y una tercera por irregularidades administrativas.
En agosto, un juez federal en Miami ordenó cerrar la instalación en un plazo de dos meses, tras concluir que la obra se construyó sin los permisos medioambientales correspondientes. Sin embargo, una corte de apelaciones suspendió temporalmente esa decisión, permitiendo que el centro siga activo mientras se revisa el caso.
El recinto llegó a alojar más de 900 personas, aunque su capacidad máxima es de 3,000. El expresidente Donald Trump visitó el lugar en julio y lo presentó como un “ejemplo de cómo Estados Unidos puede manejar con eficacia la crisis migratoria”.
El gobierno federal también destinó un reembolso de 608 millones de dólares a Florida para cubrir gastos de construcción y operación, una medida cuestionada por defensores de migrantes y grupos ecologistas, que consideran la instalación un símbolo de la dureza de la política migratoria actual.
El litigio sigue abierto en un tribunal de Fort Myers, donde los demandantes reclaman que se garantice a los migrantes acceso a representación legal, comunicación privada y una revisión justa de sus procesos.
