La Fiscalía General de la República de Cuba informó este viernes 31 de octubre sobre los graves cargos de los que ha acusado a Alejandro Miguel Gil Fernández, quien se desempeñó como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación.
Según detalló una nota de la Fiscalía, en correspondencia con lo establecido en el Artículo 156 de la Constitución de la República, controló la investigación penal realizada por los órganos del Ministerio del Interior contra Gil y “otros imputados”.
“Concluidas las acciones investigativas, en las que se garantizó el debido proceso, la Fiscalía, en cumplimiento de su misión, ejerció la acción penal pública en representación del Estado y presentó las actuaciones al tribunal correspondiente”, apuntó el comunicado.
Según precisó el texto dado a conocer en el Noticiero de la Televisión Cubana, “se solicitó responsabilidad por los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial”.
También trascendió que en cada caso los imputados recibieron sanciones privativas de libertad, “en correspondencia con los hechos cometidos”.
En torno a este proceso penal, el Tribunal Supremo Popular confirmó al oficialista diario Granma que radicó causa en esa instancia contra los acusados, la cual se encuentra en tramitación conforme al debido proceso.
“Será informado oportunamente cuando inicie el juicio”, apuntó el Tribunal.
La noticia ha sido recibida con indignación en redes sociales, donde ha sido calificada como una burda treta del gobierno cubano para desviar la atención del catastrófico impacto del huracán Melissa en el oriente de la isla.
Gil fue destituido de todos sus cargos en febrero de 2024 debido a “graves errores cometidos”.
Según salió a la luz en abril pasado, el ex alto cargo estaría detenido en la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa.
Había sido hasta entonces un actor clave en la política económica cubana, especialmente desde su nombramiento como ministro de Economía y Planificación en 2018.
Pese al silencio que ha rodeado el caso, en abril de 2024 se supo que Gil seguía preso para su investigación e incomunicado.
En febrero de 2025, cuando se cumplió un año de su detención, circularon publicaciones y comentarios que afirmaban que Gil había sido enviado a su casa en prisión domiciliaria como medida cautelar. No obstante, fue algo que no pudo confirmar.
Se especuló también que Gil se encontraba en Europa, específicamente en España, donde radica su hermana, algo que tampoco pudo ser comprobado.
Gil está casado con Gina María, quien también habría sido detenida desde que se dio a conocer la destitución de su esposo.
