El gobierno de Donald Trump anunció este lunes una serie de medidas centradas en recrudecer la política de sanciones de Estados Unidos hacia Cuba.
Según el Memorando de Seguridad Nacional (NSPM-5) y la Hoja Informativa adjunta sobre el reforzamiento de la política hacia Cuba, la actual administración pretende recortar las fuentes financieras de empresas asociadas al conglomerado militar GAESA, así como imponer una mayor supervisión sobre los viajes y los gastos de visitantes en el país.
Enfocada en lograr una transición democrática en la isla, esta política busca asegurar el acceso a internet y fortalecer la sociedad civil cubana, con más recursos, más emprendimiento independiente y más apoyo a los ciudadanos de a pie.
No obstante, la mayor parte de lo que plantea el NSPM-5 se encuentra ya en vigor.
Tal es el caso de medidas implementadas tras la llegada de Trump a la Casablanca en enero, el control sobre GAESA y en particular su subsidiaria Orbit SA, las restricciones de viaje y la deportación de cubanos de Estados Unidos.
Sin embargo, las operaciones de viajes y las remesas familiares no se verían afectadas directamente con estas medidas, que buscan fundamentalmente fiscalizar y castigar a empresas que negocien con el emporio de GAESA.
Las restricciones dadas a conocer incluyen la posibilidad de imponer sanciones a firmas extranjeras con presencia o actividad comercial en Cuba.
Según afirmó en CaféFuerte el periodista Wilfredo Cancio, un experto en las relaciones Cuba-Estados Unidos, “el efecto directo del paquete de medidas sobre la economía y la vida cubanas dependerá de las directivas que puedan instrumentarse desde las diferentes ramas gubernamentales involucradas en este macroplan”.
Al mismo tiempo, el Memorando Presidencial ha dado a los secretarios y jefes de departamentos los siguientes plazos para poner en marcha la estrategia de “mano dura” contra el régimen cubano:
- 30 días para iniciar un proceso de ajuste a las regulaciones vigentes sobre transacciones financieras con Cuba.
- 30 días para iniciar un proceso de ajuste a las regulaciones vigentes a fin de garantizar el cumplimiento de la prohibición legal del turismo a Cuba (el turismo está oficialmente prohibido por el embargo).
- 90 días para garantizar el ajuste a las políticas estratégicas descritas en el Memorando.
- 90 días para que la Fiscal General emita un informe al Presidente sobre los fugitivos de la justicia estadounidense que viven en Cuba o se encuentran bajo la protección del gobierno cubano.
- 180 días para que el Departamento del Tesoro presente un informe sobre la modificación de las regulaciones vigentes para viajes, gastos y operaciones financieras en Cuba.
