La detención en Boston, Massachusetts de Jorge García Hernández, un cubano de 32 años con amplio historial delictivo, ilustra la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump contra los llamados “criminales ilegales peligrosos”. Agentes de ICE Boston lo arrestaron el 3 de diciembre en Fall River, señalándolo como infractor habitual y extranjero en situación irregular, con antecedentes por violación de un menor de 16 años, agresión con lesiones y posesión y distribución de sustancias controladas en los alrededores de una escuela, indica New Bedford Guide.
Según comunicados de ICE y reportes de prensa locales, García Hernández arrastra causas en tribunales de Massachusetts y había pasado por el sistema penal estatal antes de quedar bajo el radar de las autoridades migratorias. Ahora permanece bajo custodia federal mientras se inician los procedimientos de expulsión, en un contexto en el que la Casa Blanca busca exhibir mano dura frente a la criminalidad asociada a la inmigración, señala Fall River Reporter.
El caso del cubano forma parte de una operación reciente de ICE Boston en la que también fueron detenidos inmigrantes de Camboya, República Dominicana, El Salvador, México y Cabo Verde, con acusaciones o condenas por delitos graves como violación de menores, robo a mano armada, agresiones y narcotráfico. La agencia sostiene que su prioridad es sacar de las comunidades a “lo peor de lo peor”, un discurso alineado con la estrategia de “worst first” de esta segunda presidencia de Trump, centrada en arrestos de alto impacto mediático y operaciones como Patriot 2.0 en el área de Boston.
La realidad sobre el terreno, sin embargo, es más compleja. Massachusetts mantiene políticas de “ciudad santuario” y parte de las autoridades locales denuncia que las operaciones de ICE son una puesta en escena política que alimenta el miedo entre las comunidades migrantes, incluso entre quienes no tienen antecedentes penales. La reciente Patriot 2.0 ya desató críticas por detenciones cerca de iglesias y espacios comunitarios, mientras la Casa Blanca acusa a líderes estatales y municipales de obstaculizar la aplicación de la ley.
En el caso específico de los cubanos, la ecuación se complica aún más. Washington lleva años intentando deportar a nacionales con condenas penales cumplidas en prisiones estadounidenses, pero La Habana se resiste a aceptar a quienes salieron de la isla antes de los acuerdos migratorios de 2017. Eso ha dejado a decenas de cubanos en un limbo: encerrados en centros de detención o bajo orden de supervisión, sin posibilidad clara de regreso ni de regularizarse. El expediente de Jorge García Hernández se inserta en esa zona gris, donde se cruzan seguridad pública, cálculo político y las viejas grietas de la relación entre Estados Unidos y Cuba.
