En la comunidad de Las Cruces, en Altamira, Santiago de Cuba, el calendario ya no se mide por quincenas ni por ciclos de abastecimiento, sino por una cuenta única y desesperante: 66 días sin agua corriente. La periodista Betty Beatón Ruiz, vecina del lugar, decidió seguir “las huellas del agua” y llevar el reclamo directamente al Puesto de Mando de la Defensa del Consejo Popular, en busca de una explicación mínimamente razonable para algo que no debería ocurrir: que un barrio entero pase más de dos meses sin acceso a un servicio básico.
La respuesta que recibió mezcla burocracia, desorden y una dosis de resignación institucional. Según le dijeron dos uniformados y dos civiles que la atendieron, en la zona existe “desorganización en el proceso de distribución de agua”, falta de personal para operar las válvulas —el famoso “valvulista”— y, además, indisciplina de algunos moradores que abren y cierran los pasos de agua a su antojo. En teoría, el problema no es la infraestructura, sino quién toca la llave y cuándo. En la práctica, la consecuencia es la misma: en la cuadra de Betty no sale una gota, mientras otras zonas cercanas reciben agua hasta siete días seguidos.
En el Puesto de Mando conoció al jefe de brigada de los valvulistas, un mando sin tropa: no tiene a nadie bajo su responsabilidad porque no hay personal, de modo que es jefe y operario a la vez. Tras mucha explicación técnica, el funcionario dejó caer una frase a la que la comunidad se aferra como a una promesa mínima: “tal vez en 72 horas pueda darse servicio a Las Cruces”. No habló de un cronograma estable, ni de soluciones estructurales, ni de alternativas como carros cisterna organizados por el Estado. Solo un “tal vez” que los vecinos transforman en esperanza porque no tienen otra opción.
En los comentarios al relato de Betty, otros residentes y conocidos ponen en contexto el problema. Algunos recuerdan que antes, al menos, se resolvía de manera más ordenada con pipas, mientras ahora el negocio del agua en camiones se ha disparado, sobre todo después del paso del huracán Melissa, con precios que suben hasta los 10 o 12 mil pesos por carga.
Otros describen situaciones similares en distintos puntos de Santiago y de la provincia, con meses sin agua, cortes eléctricos prolongados y la sensación de que cada gestión ciudadana recibe la misma “pastilla del duérmete mi niño”: largas explicaciones, promesas vagas y ningún cambio concreto.
En Las Cruces, el problema se ha vuelto un símbolo del sálvese quien pueda: válvulas manipuladas, vecinos que se organizan por su cuenta, otros que quedan fuera del reparto de facto y una comunidad entera dependiendo de que “alguien abra nuestra válvula” para ejercer un derecho tan básico como abrir la pila y encontrar agua potable. Mientras tanto, los días siguen sumando.
