En Jagüey Grande, provincia de Matanzas, se ha producido una detención que podría esclarecer —solo “podría”, porque nada ha sido explicado con rigor— el asesinato de Yamila Zayas, madre y vecina de la localidad de Torriente.
El nombre que circula entre páginas oficialistas y vocerías afines – Joevanis o Jeovanis Rodríguez Mustelier, porque en la misma publicación escribieron el nombre de dos maneras distintas y ni siquiera lo corrigieron – es el de un hombre con antecedentes por robo con violencia, violación, desobediencia y lesiones.
De confirmarse, dadas las evidencias, que este es el asesino de Yamila Zayas, estaríamos ante un feminicida con biografía penal conocida. Si no, sería otro asesino. Otra víctima. ¿De quién? No se sabe, pues ni la Policía ni los portavoces del régimen han ofrecido una narración transparente, completa, verificable.
La información llega a golpes, fragmentada, sin datos esenciales y saturada de eufemismos tales como «el crimen pasional». Esa opacidad no es casual: convierte a las víctimas en un número más y protege, por omisión o por cálculo, a un sistema que se niega a nombrar el problema por su nombre.
Lo que sí se sabe —porque lo confirman activistas, plataformas independientes y vecinos— es que Yamila fue apuñalada el 26 de septiembre, y que un día antes había denunciado a su agresor en una unidad de la PNR, según recoge el portal 14ymedio.
Sí, lo denunció, y aun así la Policía no hizo nada que impidiera el desenlace. Ese dato, insoportable y concreto, desarma el discurso de supuesta “tolerancia cero” que el aparato estatal repite como consigna en páginas como la que anuncia la captura del tal Jeovanis o Joevanis, Con Todos la Victoria. No hay tolerancia cero cuando una mujer advierte el peligro y el Estado le cierra la puerta, la distrae con papeleo o la deja a merced de quien ya la tenía en la mira. No hay tolerancia cero si, tras el crimen, la respuesta pública es un parte burocrático, dos adjetivos y la orden de circular.
A la vez, en la propia Matanzas, otra detención por tentativa de feminicidio fue reportada con idéntica estética comunicacional: un post apresurado, una corrección torpe, el latiguillo de la “mano dura” y la palabra maldita: “pasional”. Ese término no es inocente. Ya no se utiliza en los estándares internacionales porque borra la dimensión de género, disuelve la responsabilidad del agresor en una bruma de celos y emociones y reduce un crimen estructural a un arrebato privado. Llamar “pasional” a un feminicidio es encubrirlo. Es exactamente lo que el Estado Feminicida hace: administrar el lenguaje para que la violencia de género parezca un accidente doméstico.
La muerte de Yamila no es un caso aislado ni una estadística aislable. Observatorios independientes como Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba vienen documentando, entre verificaciones y alertas, decenas de feminicidios e intentos de feminicidio en lo que va de 2025. Alas Tensas confirmó, hace dos días el asesinato de Yamila, junto con el de otra joven madre en la isla, lo que eleva la cifra de feminicidios, de manera no oficial, a 33 en lo que va de año.
Importa subrayarlo: no está confirmado que el detenido sea el autor del crimen contra Yamila. Lo responsable es escribir “presunto”, “sería”, “investigado por”. Pero la falta de confirmación no es una prudencia judicial cualquiera: es consecuencia de una política informativa que no rinde cuentas, que habla por consignas y que prefiere la consigna a la verdad. Esa es la culpa que cabe achacar a las páginas oficialistas y a sus informadores: no es que ignoren los hechos, es que los cuentan mal o los cuentan a medias, como quien administra un inventario y no vidas concretas.
El Estado Feminicida tampoco es una metáfora grandilocuente: se verifica en cada denuncia no atendida, en cada patrulla que no llega, en cada funcionario que decide que “eso es problema de marido y mujer” y en cada comunicado que recicla la palabra “pasional”. Se prueba en la práctica: cuando Yamila avisó, no hubo resguardo; cuando la mataron, hubo un post.
La justicia real —la que protege a tiempo, la que previene, la que acompaña a las hijas y a la familia, la que entiende que el riesgo es estructural— sigue pendiente. Nombrar bien lo ocurrido es el primer paso: feminicidio. Exigir responsabilidades concretas, el segundo. Y romper la opacidad, el tercero. Porque Yamila no es un número ni una excusa para endurecer consignas; es el rostro de una urgencia nacional que el Estado insiste en tapar con eufemismos.
