El caso que desde el pasado 4 de julio ha mantenido en vilo a los habitantes de Puerta de Golpe, en el municipio pinareño de Consolación del Sur, parece haber llegado a un punto de resolución. Fuentes vinculadas al oficialismo confirmaron este lunes la detención de los presuntos autores del asesinato de Mailenis Blanco Amor, una mujer de 47 años que fue atacada en su propia vivienda por individuos “presuntamente vestidos con uniforme de policía”.
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Según la versión divulgada por el perfil de Facebook De Pinar Soy, uno de los implicados fue arrestado de inmediato por la Policía Nacional Revolucionaria, mientras que el segundo fue localizado días después en la provincia de Santiago de Cuba. Ambos se encuentran bajo custodia.
La misma publicación aseguró que circulan en redes sociales versiones “manipuladas” que señalan la supuesta complicidad de oficiales verdaderos en el crimen, extremo que calificaron de “falso” y parte de un intento por “desvirtuar la respuesta de las autoridades cubanas”. Es una estrategia habitual de los voceros del régimen —ya sean individuos u organizaciones— para maquillar la imagen de las fuerzas del orden. Sin embargo, esa defensa llega siempre tarde y mal, lastrada por el nivel de desorganización, descontrol, escaso compromiso y absoluta falta de responsabilidad con la que operan en lo que debería ser la prevención del delito, no solo su castigo.
La reconstrucción inicial de los hechos proviene de familiares y vecinos, quienes relataron que los agresores habrían tocado la puerta de la víctima disfrazados de agentes, para luego entrar, atarla de manos y pies, colocarle una prenda en la boca para impedir que pidiera auxilio y someterla a una brutal golpiza que incluyó fracturas y signos de tortura. El móvil, según las autoridades, habría sido el robo.
La noticia de las detenciones ha generado reacciones encontradas en redes sociales, pues el impacto social del crimen ha sido profundo. Aunque la versión oficial limita el número de implicados a dos, persisten dudas entre algunos vecinos, quienes desde el inicio mencionaron la posible participación de un tercer individuo. Las autoridades no han confirmado ni desmentido esa hipótesis, y el caso sigue bajo investigación.
Lo que sí parece claro es que la presión social por una sanción ejemplar marcará el desarrollo del proceso judicial. En un país donde la criminalidad violenta ha ganado visibilidad en los últimos años, la muerte de Mailenis se convierte en un nuevo punto de referencia para medir tanto la capacidad de respuesta del Estado como la demanda ciudadana de justicia; pero aún si se aplicara la pena de muerte en casos como estos, el fenómeno no se frenará.
Entre aplausos y sed de venganza: por qué el punitivismo no frenará la violencia en Cuba
En la publicación de De Pinar Soy abundan los mensajes de felicitación a las fuerzas del Ministerio del Interior por la rapidez en identificar y capturar a los sospechosos. Muchos provienen de las llamadas “ciberclarias”, otros de personas que, sin serlo, consideran que esta es una buena forma de justificar los megabytes que el régimen les asigna, felicitando la captura de los delincuentes. También los hay de ciudadanos afines al sistema y de quienes no lo son, pero que, más allá de su posición política, celebran la captura de los presuntos asesinos, pero obviando el contexto del por qué se comete el crimen. La mayoría —por no decir casi todos— coincide en exigir una justicia severa, con demandas que van desde la cadena perpetua hasta la reactivación de la pena de muerte.
En este clamor hay algo que suele pasarse por alto: gran parte del problema radica en la falta de formación y cultura de los propios miembros del MININT, la PNR y el Ministerio de Justicia, así como en la escasa voluntad del Estado para prevenir la criminalidad. A ello se suma un Parlamento donde muchos diputados son elegidos por su lealtad al régimen y no por su preparación, lo que explica por qué Cuba sigue sin reconocer en su legislación el feminicidio como figura penal, una propuesta rechazada una y otra vez en una sociedad profundamente patriarcal y machista.
Aunque la pena de muerte está contemplada en el marco legal cubano —aunque no se aplica desde 2003—, el punitivismo extremo no detendrá los asesinatos. Incluso si el autor del crimen supiera que podría enfrentar la pena capital, eso no impide que se cometan homicidios, especialmente cuando estos ocurren en momentos de impulso, violencia cargada de emociones o planificación mínima.
La base de la justificación del castigo severo reside en la teoría de la disuasión: la idea de que el miedo a la pena frena al potencial delincuente. Sin embargo, investigaciones y meta-análisis amplios han concluido que no hay evidencia sólida de que la pena de muerte disuada los homicidios. Incluso el Comité de Investigación del Consejo Nacional en Estados Unidos, en 2012, determinó que los estudios sobre este tema son poco concluyentes y metodológicamente defectuosos.
Expertos en criminología han confirmado su rechazo a la eficacia disuasoria, basándose en resultados de estos estudios. Por ejemplo, una encuesta a criminólogos mostró que el 88 % no considera que la pena de muerte disuada los asesinatos, y solo el 9 % opinó lo contrario, recoge en una publicación Amnesty International USA. Cabe destacar que incluso si no redujera los crímenes, el uso de esta pena conlleva riesgos inaceptables, como la posibilidad de ejecutados inocentes, sesgo racial o social y elevada carga emocional y económica del proceso.
Teorías modernas, registradas en países con verdadero desarrollo y estudio sobre el tema – no en Cuba, donde impera un pensamiento tercermundista en las autoridades – sobre disuasión señalan que lo realmente disuasorio es la certeza del castigo—es decir, la probabilidad real de ser detenido y condenado—más que la severidad de la pena en sí. Si el sistema judicial es ineficiente o corrupto, el castigo, por drástico que sea, pierde todo efecto disuasorio, lo cual aplica muy bien en el caso cubano.
Algunas investigaciones sugieren que las ejecuciones pueden generar un efecto contrario: normalizar la violencia o disminuir el respeto por la vida, lo que se conoce como la hipótesis de brutalización. Por ejemplo, se han señalado aumentos en homicidios tras ciertas ejecuciones públicas. Por tanto, aunque la pena capital esté contemplada en la ley cubana, su reactivación no detendría los asesinatos.
El verdadero freno a la violencia requiere un sistema judicial eficiente, confianza en las instituciones, prevención efectiva, educación y reformas estructurales profundas. Todo esto ausente por completo en la sociedad cubana. Simplemente, aumentar la severidad del castigo sin reforzar la certeza del mismo no logra cambios reales, y parte del problema radica precisamente en la falta de formación y cultura dentro de las instituciones encargadas de impartir justicia.
