En conjunto, los tres casos dejan una misma enseñanza: el fraude rara vez luce igual dos veces. Puede anidarse en una oficina contable, en empresas pantalla que parasitan programas públicos de salud o, dolorosamente, en el seno de una familia. Para las empresas, la lección es reforzar controles internos y revisiones independientes; para los mayores y sus familias, desconfiar de presiones de “urgencia” y segmentar la gestión patrimonial con salvaguardas; y para el sistema, perseguir con firmeza tanto el fraude privado como el que drena recursos públicos. Porque los millones que se esfuman no son abstractos: son empleos, tratamientos, rentas de ancianos… y confianza cívica que cuesta años reconstruir.
Danielle Miller ha sido acusada de obtener más de $1.5 millones en fondos de ayuda para la pandemia de COVID-19 mientras defraudaba el programa de Préstamos por Daños Económicos por Desastre de la Administración de Pequeños Negocios de EE. UU.
