Tras el azote del huracán Melissa por el oriente de Cuba, el país se mueve en dos planos que parecen no tocarse. En uno, la ONU anuncia un plan de 74,2 millones de dólares y aterriza en Santiago de Cuba con 4,375 lonas para hogares sin techo. En otro, madres como Yurisleidis Remedios se graban desde barrios de Santiago para denunciar que “nos estamos muriendo de hambre”, que las morgues “están colapsadas” y que, pese a las donaciones anunciadas, en sus neveras no hay nada y en sus cocinas solo queda leña.
En las últimas horas circulan en redes sociales múltiples denuncias ciudadanas que apuntan a presuntos actos de corrupción en diferentes localidades de Cuba, en medio de una crisis económica persistente y un creciente malestar social.
Que el intercambio haya encontrado vida en Facebook dice algo sobre dónde está hoy la conversación pública en Cuba y cómo circula el contenido: el sistema mediático estatal sigue siendo la fábrica, pero las audiencias están en otra parte. Si de aquel programa queda algo más que un clip para “guardar”, será la agenda mínima que propusieron sus propios protagonistas: menos consignas, más datos; menos secretismo, más comparecencias; menos “cuidado con el enfoque”, más periodismo.
Más allá de las cifras y las sanciones, el programa insistió en algo que resuena con fuerza: el daño a la confianza pública. “La ley del presupuesto tiene fuerza de ley. Y lo que está en juego es el dinero del pueblo, no un fondo privado que se puede mover por capricho”, dijo el conductor Humberto López en su monólogo final. La vergüenza pública, advirtió, tiene un rol disuasivo que debe jugarse con cordura, pero sin concesiones.
Es evidente que en este caso se pone de manifiesto una preocupante falta de transparencia informativa, contraviniendo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada en julio de 2024. Esta normativa establece que los órganos del Estado y demás sujetos responsables deben brindar información pública de manera veraz, objetiva y oportuna, fomentando el control popular sobre los actos de gestión pública.