La entrega de autos a tabacaleros, más que un simple reconocimiento, se convirtió en un espejo incómodo de la realidad cubana: un país donde producir riqueza no garantiza derechos plenos, y donde el acceso a un automóvil puede ser noticia nacional, siempre y cuando esté mediado por el visto bueno del poder.
Esta no es una política de estímulo. Es una política de control. El Estado no le devuelve al productor lo que ha generado. Le da, si quiere, si puede, si le conviene políticamente. Lo hace bajo sus términos, sin equidad, sin libertad de mercado, sin competencia real. Y mientras más dependientes se mantengan los campesinos de ese sistema opaco, más fácil es someterlos a la lógica del favor y la deuda.
El Grupo Empresarial Tabacuba, liderado ahora por Marino Murillo está en el ojo de mira de sus productores, quienes aseguran sentirse robados. Uno de los expertos tabacaleros en la provincia de Holguín explicó a Diario de Cuba que si su cosecha es de 12 quintales, la empresa del gobierno debería otorgarle 200 mil pesos, pero en realidad le entregan solos 40 mil, mientras que el Estado le saca una tajada exportable de un millón de pesos.
