La “cacería” de ICE no se ha detenido; simplemente se ha desplazado de sectores protegidos hacia la construcción. Los índices, declaraciones y testimonios indican que miles de proyectos están en riesgo, los costos se disparan y los trabajadores viven bajo presión constante. Mientras no haya una moratoria concreta o una reforma migratoria que integre a la construcción, este conflicto estructural continuará erosionando la recuperación económica, la oferta de vivienda y el sustento de miles de familias que, más allá de su estatus legal, sostienen el progreso físico del país.
