A pocos días de que se cumpla el primer aniversario de las protestas sociales que tuvieron lugar en el país el pasado 11 de julio, el gobierno estadounidense asumió la decisión de prohibir la entrada en su país a quienes ha considerado, juegan un papel central en los procesos de represión policial y en la violación de derechos humanos que se operó en contra de los manifestantes.
